Penas de hasta 40 años y cadena perpetua figuran en reformas al Código Penal

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Tegucigalpa, Honduras.

Ante los indicios claros que sectores afectados por las recientes decisiones del gobierno de atacar al crimen organizado y el narcotráfico están planeando ataques contra altos funcionarios, Congreso Nacional aprobaría reformas al Código Penal que incluiría hasta cadena perpetua a quien atente contra operadores de justicia y presidentes de Poderes del Estado.

El Congreso Nacional que encabeza el presidente, Mauricio Oliva, está listo para debatir y aprobar la propuesta enviada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que busca aplicar penas más severas a quienes atenten contra la vida e integridad de operadores de justicia o titulares de los poderes del Estado.

En ese sentido, el Congreso Nacional está a la espera de la opinión que emita la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no es vinculante, para debatir y aprobar las reformas al Código Penal vigente con las que se busca castigar los delitos de conspiración, propuesta, atentado o quien conspire o proponga hacerlo contra un operador de justicia ampliar el castigo actual de 30 años de reclusión a cadena perpetua.

Es por esa razón que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad en la aprobación de esas reformas, pues existen indicios claros y racionales que sectores afectados por las recientes acciones del Estado para combatir el crimen organizado, están planeando atentados contra las altas autoridades del país.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reiteró que en el Congreso Nacional hay toda la disponibilidad de aprobar las reformas al Código Penal, incluso con penas que llegan hasta cadena perpetua contra quienes atenten contra operadores de justicia o contra miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero se está a la espera de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la propuesta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se busca reformar las penas, para el caso por el delito de conspiración que sólo se castiga de tres a seis años de prisión actualmente, a un mínimo de 20 a 22 años de cárcel, en relación a un complot contra cualquiera de los operadores de justicia.

Por la comisión de un atentado, la pena que actualmente es de 30 años, se pide elevarla a cadena perpetua. En la actualidad, sólo abarca al presidente de la República y la propuesta pide que la misma se extienda a todos los operadores de justicia.

Otra corrección que se propone, es en cuanto al delito de conspiración o atentado contra un operador de justicia que no está contemplado en el Código Penal y para lo cual se pide una pena mínima de ocho a 12 años de reclusión.

Actualmente, el delito de conspiración está penado sólo contra el presidente de la República, pero con la reforma, el solo hecho de conspirar o proponer hacerlo contra un miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad también será penado.

Teniendo en cuenta el grado de exposición de los familiares, que muchas veces es aún mayor, ya sea juez, fiscal, policía militar, policía nacional, miembro de las Fuerzas Armadas, Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado u otro operador de justicia y seguridad se incluirá la protección legislativa a los miembros del núcleo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad.

La justificación de la propuesta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad señala que las penas actuales contra quienes atenten contra la vida de los operadores de justicia son las mismas que cuando se trata de un delito cometido contra cualquier ciudadano, sin ninguna responsabilidad de toma de decisiones para mejorar la seguridad ciudadana.

Agrega que ante la actual situación de riesgo, a causa de la fuerte embestida contra la delincuencia, extorsión y el crimen organizado, es necesario agravar más la pena contra quien, con solo el hecho de atentar contra la vida e integridad de un juez, fiscal, policía militar o un miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, serán acusados por los delitos de conspiración y de proposición para atentar contra operadores de justicia y altos dignatarios del Estado.

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