Los 128 diputados del CN son los que deben decidir sobre la renuncia de Salvador Nasralla, señala Gustavo Solórzano

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El abogado Gustavo Solórzano, recién electo presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), criticó la interpretación técnico-jurídica utilizada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para no tramitar la renuncia de Salvador Nasralla al cargo de Designado Presidencial.

Solórzano, quien ha sido una figura prominente en el análisis legal del caso, calificó la situación como «un exceso de poder», argumentando que son los 128 diputados del Congreso Nacional quienes deben decidir si aceptan o no la renuncia de Nasralla.

En sus declaraciones, Solórzano enfatizó varios puntos clave:

  1. Competencia del Congreso Nacional: Destacó que conforme a la Constitución de la República, es el Congreso Nacional quien tiene la atribución de decidir sobre la renuncia de Nasralla, y que el análisis jurídico presentado no debería haber sido utilizado para negar a los diputados el derecho a deliberar sobre esta cuestión.
  2. Exceso en el análisis presentado: Solorzano argumentó que el análisis se desvió del asunto principal, que es la admisión o no de la renuncia de Nasralla. Criticó que se centrara en cuestiones interpretativas sobre la titularidad del ejecutivo y su relación con la elegibilidad para cargos futuros, aspectos que consideró irrelevantes en el contexto actual.
  3. Apertura del debate en el Congreso: Hizo un llamado a que el debate sobre la renuncia de Nasralla no se cierre en el Congreso Nacional y que se considere en la agenda legislativa. Insistió en que son los 128 diputados quienes deben decidir sobre este asunto.
  4. Exhortación a la reflexión: Solorzano instó a evitar conflictos políticos basados en argumentos jurídicos que considera carentes de fundamento lógico. Advirtió sobre los daños que estos conflictos pueden causar a la institucionalidad hondureña y a la población en general.

El llamado de Solórzano resalta la importancia de un proceso transparente y respetuoso de la ley en el manejo de asuntos políticos de relevancia nacional, como es el caso de la renuncia de funcionarios de alto nivel.

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