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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles los resultados de una nueva auditoría social que revela serias irregularidades en la renegociación de 18 contratos de generación de energía eléctrica en Honduras.
Según la ASJ, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentó estos contratos al Congreso Nacional luego de 22 meses de la aprobación de la Ley de Energía, aunque el plazo estipulado era de 60 días calendario. Esta demora levantó alertas sobre la transparencia del proceso, especialmente porque las cláusulas de confidencialidad han impedido una discusión pública efectiva, a pesar de que los contratos fueron originalmente publicados en La Gaceta y, por lo tanto, deberían ser de acceso público.
El informe de la auditoría también señala que las renegociaciones podrían comprometer el futuro energético del país, evidenciando inconsistencias legales y falta de beneficios tangibles para la población hondureña. Honduras enfrenta altos índices de pérdidas eléctricas, baja electrificación, tarifas elevadas y apagones frecuentes, condiciones que no parecen mejorar con las nuevas condiciones de los contratos revisados.
Entre los casos analizados, destaca el contrato suscrito en 2008 con Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (CECHSA), conocido como planta Brassavola, el cual permaneció sin operación efectiva durante 16 años. Las nuevas condiciones de este contrato no incluyen precios claros de referencia para la importación de gas, transporte, regasificación y otros elementos esenciales, ni establecen una duración precisa de indexación.
Las proyecciones indican que, a pesar de las expectativas de aumento en la capacidad de generación, la planta reportó una capacidad disponible significativamente menor de lo esperado, lo que podría resultar en un aumento del 4.18 % en la tarifa para los usuarios residenciales.
ASJ recomienda la transmisión en vivo y horario diurno para la discusión detallada de cada contrato renegociado en el Congreso Nacional, asegurando así la transparencia y rendición de cuentas necesarias para garantizar que las decisiones beneficien verdaderamente a la población hondureña.
