Unos 54 mil niños abandonaron el sistema educativo en 2022, según informe de sociedad civil

Más de 54 mil estudiantes abandonaron el sistema educativo durante el presente año, señala un informe presentado este lunes por varias organizaciones de sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

“En 2021, el 40 por ciento de la población hondureña en edad escolar fue excluida del sistema de educación prebásica, básica y media, y en lo que va de 2022, alrededor de 54,500 habrían abandonado el sistema”, precisa el informe.

Además, en el pronunciamiento, piden a las autoridades garantizar un concurso docente transparente que permita escoger a los mejores profesionales.

Inicialmente, el informe reseña que, en 2018, el 70 por ciento de los estudiantes hondureños no lograba el estándar internacional mínimo en lectura y 85 por ciento no lo alcanzó en matemáticas.

“Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad y, en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños muestran entre dos y tres años de atraso en lectura, matemáticas y ciencia, situación agudizada con el cierre de centros educativos a raíz de la pandemia de Covid-19”, añaden.

Concurso docente

Bajo este panorama, la convocatoria al concurso para plazas docentes y direcciones departamentales de Educación “debe enfocarse en la selección de los mejores profesionales para garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños”, reiteran las organizaciones de sociedad civil.

Para la ASJ, Cohep, y demás organismos, actualmente no existen las condiciones mínimas que garanticen un proceso de calidad, “por lo que instamos a las autoridades de la Secretaría de Educación a posponer la fecha de realización de concurso y aprovechar el tiempo para construir un proceso más confiable, transparente, de mejor calidad y prometedor para los educandos y docentes”.

El objetivo primordial del concurso debe ser seleccionar, con objetividad y rigor, a los docentes que cumplan con los requisitos y ocupen los primeros lugares en las evaluaciones, bajo un proceso justo y equitativo, con igualdad de condiciones para todos los aspirantes y sin injerencias políticas, subrayan en el escrito.

Asimismo, indican que las evaluaciones deben regirse por normas claras y procesos transparentes, ampliamente difundidos, de manera que los resultados no estén sujetos a discrecionalidad de quienes conforman la Junta de Selección y otorguen garantías legales sin entrar en conflicto con regulaciones aún no derogadas.

La veeduría “será clave”

Permitir la participación de maestros de educación media representa un retroceso en los estándares educativos con relación a las exigencias internacionales, por ello es necesario mantener como requisito que los postulantes cuenten con el nivel de licenciatura, recomiendan.

Además de representantes de las organizaciones magisteriales, las juntas de selección deben incluir a miembros de las asociaciones de padres de familia y sociedad civil.

El proceso debe ser diseñado contemplando tiempos requeridos para cada una de las etapas, incluyendo la depuración de las plazas, para que los docentes seleccionados sean asignados de acuerdo a las necesidades por zonas geográficas, cantidad de alumnos y centros educativos, agregan.

Para evitar poner en riesgo la asignación de 14 mil plazas y limitar a los estudiantes de contar con docentes mejor capacitados y con mayor competencia, “se recomienda la contratación de un ente externo con capacidad y competencia para la elaboración de las pruebas, en lugar de delegar su elaboración, aplicación y revisión en cada dirección departamental. Esto aportará objetividad, confiabilidad, imparcialidad y validez a los instrumentos utilizados y a las determinaciones adoptadas”, sostienen.

La presencia de organizaciones de sociedad civil, academia, instituciones de transparencia y Derechos Humanos, a través de una veeduría, “será clave” para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas
durante el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas, subrayan ASJ, el Cohep, y otras organizaciones.

“Cualquier manipulación del concurso y desviación del objetivo principal de garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños restará justicia, validez, objetividad y confiabilidad al proceso y a la institucionalidad, y sería considerada un fracaso para el sistema educativo”, enfatizan en el pronunciamiento.

Finalmente, mencionan que la sociedad hondureña debe mantenerse alerta durante el proceso, denunciando cualquier irregularidad o práctica ilegal, como venta de exámenes o plazas, tráfico de influencias o extorsión sexual, que vulnere los derechos de los participantes y, en consecuencia, el derecho a una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes hondureños.