Un costo de 630 mil dólares tiene la asesoria que recibirá el gobierno para mejorar relaciones con EEUU

Con el objetivo de “mejorar y profundizar las relaciones” con Estados Unidos, el Gobierno de Honduras pagará 630 mil dólares a la firma lobbista Arnold & Porter por la vigencia del contrato que es de junio a diciembre del presente año.

La firma Arnold&Porter es un bufete especializado en representación de empresas y países, otorgándoles asesoramiento con 14 oficinas en Estados Unidos, Asia y Europa, contando con un staff de 132 abogados, de los cuales 94 ocuparon altos cargos en los gobiernos de Estados Unidos y Europa.

Prueba de que cuentan con muchos exaltos funcionarios, es que el embajador Thomas Shannon figura como uno de los representantes de la firma. Shannon fue subsecretario de Estado del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos, entre otras funciones en su extensa carrera.

La firma del contrato estuvo a cargo de Shannon y Raúl Herrera por la firma lobista y el canciller Enrique Eduardo Reina por el gobierno hondureño.

En el documento se establece que el cliente es únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y no se puede extender a otras secretarías o agencias gubernamentales.

Igualmente se establece en el contrato de servicios que dentro de los 630 mil dólares, pagaderos mensualmente 90 mil dólares, “se encuentran incluidos los honorarios relacionados a la asesoría y el diseño de estrategia del Embajador Hugo Llorens y su compañía, Global Partnes LLC”.

Desde el año pasado se había informado que Llorens sería el lobista del gobierno de Xiomara Castro en Washington.

Llorens fue el embajador de Estados Unidos en Honduras cuando ocurrió la crisis política del 2009 que concluyó con la salida del poder del entonces presidente Manuel Zelaya.

Durante la crisis la primera dama Xiomara Castro fue alojada en la residencia de la embajada norteamericana a fin que tuviera la seguridad personal resguardada.

Pero en el contrato, la firma lobista es clara al señalar que los 630 mil dólares no es el precio final que pagaría Honduras por sus servicios, ya que destacan que pueden “incurrir en gastos y recargos internos en nombre de la República (el gobierno hondureño)” detallando que los mismos pueden ser gastos de viaje y transporte, viáticos, para lo cual deben contar con el consentimiento del gobierno.

El documento también establece que le serán facturados a Honduras los cargos pagados a terceros y aclaran que durante la asesoría que prestan puedan requerir contratar a personas con capacitaciones o experiencias especiales que les ayuden a prestar sus servicios, por ello recomendarán al gobierno que “asuma la responsabilidad de contratar a dichas personas”.

El contrato establece que el bufete enviará cada mes un estado de cuenta relacionado con los honorarios descritos en la cláusula 1, así como gastos incurridos.

Se establece que los estados de cuenta son pagaderos a 30 días posteriores a su recepción.

Establece el documento que si no se paga por tres meses consecutivos, el bufete se reserva el derecho de finalizar los servicios y retirarse del asesoramiento, pero dejan claro que ello “no exime” al gobierno hondureño a pagar el saldo de los meses adeudados y pendientes por pagar.

El contrato establece que de haber una disputa en la resolución del mismo se establece que la resolución de la controversia se “resolverá mediante un arbitraje confidencial y vinculante en Washington, D.C. ante un panel de tres árbitros neutrales. El arbitraje será administrado por JAMS de conformidad con sus Reglas y Procedimientos de Arbitraje Integral”.

Por ser un contrato de lobby, el mismo fue registrado en la oficina que tiene a su cargo la aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FACA, por sus siglas en inglés) y que está adscrito al Departamento de Justicia.

El registro se realizó el pasado 30 de mayo, a cinco días de su firma que se realizó el 25 de mayo del presente año.