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República Domincana
El Tribunal Constitucional dominicano dice que su adhesión a la CIDH fue inconstitucional el fallo llega después de que la Corte acusara al país de discriminar a ciudadanos haitianos.
En el sistema interamericano de derechos humanos no ha sentado bien el argumento de “inconstitucionalidad” que esgrime ahora la justicia de República Dominicana para no cumplir más las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que el país pertenece desde hace 15 años y que hasta ahora no había cuestionado.
Como la dura sentencia que el tribunal regional con sede en Costa Rica emitió hace dos semanas, en la que consideró culpable al país caribeño de discriminar a ciudadanos de origen haitiano entre 1999 y 2000. En el mismo fallo, la Corte Interamericana también determinó que una resolución constitucional dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía viola el “derecho a la nacionalidad”, por lo que la conminó a realizar los cambios legales pertinentes.
La resolución del tribunal interamericano con sede en Costa Rica causó un gran malestar en el gobierno dominicano, que la calificó rápidamente de «extemporánea, sesgada e inoportuna», y declaró que «cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana».
Ahora, la rama judicial del país ha dado un paso más allá: según ha fallado el Tribunal Constitucional dominicano, la membresía en la Corte Interamericana firmada por el entonces presidente, Leonel Fernández, en febrero de 1999, fue “inconstitucional” porque no fue ratificada por el Congreso Nacional.
Una ratificación «inconstitucional», según la corte dominicana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que junto con la Corte IDH conforma el sistema regional de derechos humanos, va a “analizar” en las próximas horas o días la decisión del Tribunal Constitucional dominicano. Que es, por cierto, la misma corte cuya sentencia amenazó con dejar apátridas a descendientes de haitianos -más de 200.000, según ACNUR- y detonó el diferendo con las organizaciones de derechos humanos y la Comisión.
Su primer pronunciamiento público sobre el tema será el viernes, durante la rueda de prensa que los comisionados y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, darán al término de las audiencias celebradas los pasados días en Washington.
Una de ellas tuvo como tema precisamente la situación de los ciudadanos de origen haitiano en República Dominicana y la respuesta del gobierno de Danilo Medina a las críticas que tanto la Corte como la CIDH -que realizó una visita in loco al país por este motivo en diciembre de 2013- han realizado por su legislación.
Durante la hora de encuentro en la sede de la Comisión en Washington, varios de los comisionados le echaron un auténtico rapapolvo a la única representante del gobierno dominicano que acudió a la cita, una representante alterna del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Si cada Estado tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y alcance de sus obligaciones internacionales, el Derecho Internacional no tendría ningún sentido», dijo el pasado viernes el comisionado Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.