Por aplicación de amnistía política y sus beneficiados continúan los cuestionamientos

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El presidente de la Coalición Patriótica y de la Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, consideró que la amnistía aprobada en el Congreso Nacional (CN), no es más que una ampliación de la impunidad en el país.

Varios sectores han criticado que más que presos políticos, se están beneficiando a funcionarios con infracciones a la administración pública. El proyecto ha generado polémica, que incluso sectores políticos y sociales, se han pronunciado en contra, debido a las cartas de libertad que se emitieron y que se emitirán a personas que en su momento fueron acusadas penalmente por corrupción.

En ese sentido, Rodríguez recordó que la Amnistía es aplicable a funcionarios o personas que hayan tenido algún cargo de elección durante el año 2006 hasta el 28 de junio del 2009 en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Al decir eso, “nosotros creeríamos que los presos políticos, están presos”, dijo, al tiempo que cuestionó que se esté o pretenda beneficiar a personas que no han pisado la cárcel.

Además, dijo que “están metiendo en el mismo costal actos de corrupción como malversación de fondos y por eso lo vemos como una ampliación del impacto de impunidad, pero hay algunos casos que tienen tinte político, y mencionó que de los 40 millones del “Carretillazo” nadie ha dado fe y ese dinero se perdió”.

“Esa situación es igual de las 296 personas del Caso Pandora que utilizaron recursos en campañas para beneficios de políticos y esa gente está sobreseídos”, manifestó.

También indicó que en el caso de Marcelo Chimirri, quien fue gerente de Hondutel donde hubo sobornos y coimas “y eso es corrupción”.

Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, sostuvo que, en el tema de la amnistía, el que decide si la concede o no es un juez. Que el Congreso Nacional (CN) sólo puso las condiciones y el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver.

“En el Congreso Nacional aplicamos la figura de la Amnistía como establece la Constitución de la República, y en todo caso se pusieron dos candados para la aplicación donde la persona debe ir al COFADEH en la cual debe dictaminar que el proceso ha sido producto de persecución política y que hay un expediente de violación de los derechos humanos, además, del aval del Comisionado de los Derechos Humanos y con esos requisitos se presenta al juez que va conocer la causa”, apuntó.

El profesional del derecho subrayó, que será el juez quien decidirá si existen los elementos para la aplicación de la Amnistía.

Barrios dijo que se beneficia a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya, que, por producto del Golpe de Estado, hubo persecución a través de requerimientos fiscales por el Ministerio Público en causa comunes con origen de su participación en el Estado de Honduras.

El pasado viernes el Poder Judicial, liberó una carta de libertad a favor de Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia de la República en el gobierno del Poder Ciudadano, señalado por sacar más de 40 millones de lempiras en una carretilla del Banco Central de Honduras (BCJ).

En los próximos días, también podría ser beneficiado el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien es acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos. 

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