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Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció este lunes que para esta semana se continuará en la Cámara Legislativa con la discusión de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras, que entre otros aspectos, establece el pago de pasaje mediante monedero electrónico.
A criterio de Oliva, la comisión ordinaria de transporte, que preside el diputado Miguel Edgardo Martínez, ha hecho un buen trabajo encaminado a subsanar varios aspectos que se han vivido con una ley vigente desde hace más de 30 años.
La propuesta contempla nuevas figuras como la creación del Instituto Nacional del Transporte Terrestre, como el nuevo órgano rector del sistema de transporte terrestre en Honduras, con independencia financiera y administrativa, con un director ejecutivo y dos subdirectores, uno para la parte administrativa y el segundo para el control y seguimiento de las disposiciones que se emanen, refirió.
Agregó que la ley también tiene como particularidad un elemento de seguridad importante, como el pago a través de una tarjeta de prepago, la aplicación de otras medidas como poder medir en tiempo real del desplazamiento de las unidades, lo que aportaría dos elementos, primero el de seguridad y saber en realidad donde están y la otra confirmar si en verdad está trabajando para que sea objeto de subsidio.
Aclaró que lo que se trae es una propuesta ilustrativa para que la Cámara Legislativa tome la decisión que corresponda y si cualquier situación que se contempla en el dictamen, que incomode o que algún sector de la sociedad y que considere que se puede enriquecer, los diputados tienen amplitud de ideas para ser receptivos.
Respecto a la comisión multipartidaria nombrada para elaborar un informe de las decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) respecto a la liquidación forzosa del Banco Continental, indicó que la misma sigue con su trabajo y que no se les ha puesto un término de cuándo deben presentar el informe.
Sobre ciertos reclamos a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), respecto a su capacidad para administrar los bienes incautados a distintos grupos vinculados al lavado de activos, manifestó que se debe poner atención al hecho que el Congreso Nacional emitió una ley de privación de dominio que faculta a la OABI para hacerlo.
“Es normal que haya gente incomoda con la privación de alguna situación de dominio, la OABI no incauta, asegura y una vez que se ha vencido a la persona en juicio es cuando la puede disponer de los mismos, incluso de los que pueda disponer al momento que tiene bajo su tutela estos bienes “y en el hipotético caso que la persona afectada, sea natural o jurídica tuviese la razón, deviene resarcirse lo incautado.
Pido a la los medios y a la ciudadanía tener confianza y seguridad porque es un proceso inédito y no empezar a minar la credibilidad de las instituciones, porque quienes hacen eso es que andan en otro juego.
En cuanto al impacto de estos acontecimientos en el presupuesto de 2016 dijo que el Congreso Nacional debe tener la precaución de ver la realidad de cual va a ser al final de este año y del impacto económico que podrían tener estos eventos en el país.
Señalo que el objetivo fundamental del Estado en esta situación es que las personas que tienen ahorros en estas instituciones, objeto de las últimas medidas tengan la certeza que se le va a devolver sus bienes, eso es lo primario, reiteró.
En segundo lugar, agregó, ver si se pierde la menor cantidad de empleos y si eso implica que al final de la liquidacion o remate de estos bienes hubiese algún faltante el Estado debe honrarlos.
Por lo anterior y en estos casos de liquidación forzosa se debe actuar de forma rápida y eficiente cómo lo está haciendo la CNBS, sobre todo cuando se trata de acciones, títulos o valores, que tienden a depreciarse y es lo que algunas personas quieren y que al final de cuentas quede muy poco recurso, cuando el Estado está actuando con responsabilidad y que estas cosas no pierdan valor.