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Tegucigalpa, Honduras
Tres puntos básicos deben ser estudiados en el marco de la propuesta para reformar el Estatuto del Docente: El régimen laboral que nunca se ha cumplido efectivamente, el mecanismo disciplinario que más bien ha dado lugar a espacios de impunidad y el calendario escolar que No ha tenido una cobertura cabal.
En lo que tiene que ver con la relación entre los profesores y el Gobierno, se plantea que la misma esté condicionada a una gestión por resultados.
El esquema actual ha sido perjudicial para el avance hacia una educación con calidad, puesto que nada más responde a estímulos salariales ofrecidos a los maestros por tiempo de servicio y por grado académico, pero No en función de méritos acumulados.
Precisamente el plan de incremento que ha sido enviado por la Secretaría de Educación al Congreso, está pensado para que los docentes que cumplan con una serie de condiciones reciban un ajuste salarial del siete por ciento.
El segundo aspecto se refiere a la revisión de las sanciones que están contempladas en el Estatuto para los maestros que cometan faltas graves, ya que la legislación vigente No define castigos penales, sino simples cambios administrativos.
Y el tercer elemento tiene vinculación con la falta de continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, habida cuenta que en Honduras está vigente un solo bloque de tareas académicas y administrativas, al término del cual quedan dos meses de inactividad o vacaciones.
El asunto está en si existe o No voluntad política para evaluar los resultados del Estatuto del Docente que hasta ahora nunca fue cumplido como está formulado y, más bien, se convirtió en una herramienta de lucha entre los maestros y el Gobierno.
Ese instrumento tampoco ha podido garantizar el derecho de los niños a una educación de calidad, de acuerdo con lo afirmado por los entendidos en el tema de la enseñanza-aprendizaje.
Así como está concebido, el Estatuto del Docente responde más a los intereses de los dirigentes magisteriales y No tanto a las aspiraciones o derechos de la generalidad de los maestros.
Especialistas afirman que los distintos gobiernos han cometido el error de negociar el contenido del Estatuto en cuanto se refiere a los deberes de los profesores con intermediarios y No directamente con los educadores.
Por otra parte, el Estatuto del Docente se ha convertido en una “una bola de nieve fiscal”. Aunque No se ha calculado el costo global del Estatuto del Docente desde su entrada en vigencia, se sabe que únicamente en los últimos cuatro años el Gobierno ha gastado cerca de 60 mil millones de lempiras en el pago de las planillas de maestros.
Los expertos concluyen que el Estatuto No tiene razón de ser, justo porque nunca se ha cumplido en toda su normativa. Según el cálculo de la misma dirigencia magisterial, el Estado les debe a los profesores la suma de 80,000 millones de lempiras.
El tema sobre la revisión, reforma o derogación del Estatuto del Docente comenzó a ser mencionado en junio del año pasado por parte de las autoridades de Educación.
Para entonces, los educadores anunciaron que llevarían a cabo un contraataque y algunos dirigentes consultados por “La Voz de Honduras” acusaron al Gobierno de llevar adelante una consigna para “satanizar” el Estatuto del Docente en un afán por derribar la fortaleza legal del magisterio y darle terraje a la enseñanza pública.
Los profesores niegan de manera contundente que la lucha librada durante décadas enteras haya estado nada más motivada por intereses económicos; es decir, por el reclamo de mayores beneficios sociales y por el pago de sueldos y salarios.
El tema vuelve a plantearse ahora como una necesidad. Además de abrir paso a un diálogo franco para consensuar las reformas al Estatuto, lo que resta es revalorizar y reposicionar el perfil del maestro, porque son actores principales del sistema educativo.