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El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo este jueves que si la Comisión Anticorrupción Internacional (CICIH) no viene a Honduras, es responsabilidad del Partido Nacional (PN), sino se deroga decreto que pretende exonerar a diputados que sustrajeron recursos del “Fondo Departamental”.
En ese sentido, Orellana sostuvo que el proceso para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), avanza sin ningún tropiezo y lo que podría entorpecerlo es la no derogación del decreto antes mencionado.
“Ese decreto no se ha derogado porque la bancada nacionalista se opone, entonces si aquí no viene la CICIH será por culpa de la bancada nacionalista”, mencionó.
Orellana apuntó que la justicia debe actuar contra aquellos que cometan delitos, independiente del partido político al que pertenezcan.
Aseguró que el país necesita una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) con magistrados probos y capaces, caso contrario seguirá la injusticia.
Por su parte, los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), expresaron este jueves en una carta, su preocupación por que a ocho meses del Gobierno de Xiomara Castro no ha firmado el memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para instalar la CICIH.
De esa manera, la bancada del PSH instó en la misiva enviada a la mandataria Castro, para que instruya a quien corresponda la suscripción del convenio con la ONU para que la CICIH se instale lo antes posible con funcionarios seleccionados y contratados por el organismo internacional.
Los legisladores manifestaron que la instalación de la CICIH es fundamental para fortalecer las instituciones y funcionarios públicos en el ejercicio de las acciones que deben ser emprendidas para lograr la justicia que anhelan los hondureños.
En la misiva, los legisladores del PSH indicaron que la corrupción en Honduras es «casi generalizada en las instituciones del Estado y la conducta ilícita de muchos exfuncionarios o algunos que aún permanecen en los poderes del Estado lo que «ha comprometido la paz social».
El PSH cuestionó así el blindaje a funcionarios o exfuncionarios públicos para evitar ser investigados o ser beneficiados con decretos de protección legal ante señalamientos de corrupción.
La presidenta Xiomara Castro se reunió en septiembre, en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU, con el secretario general del organismo, Antonio Guterres, y acordaron acelerar el proceso de instalación de la CICIH.
Contrapropuestas
Cabe señalar que, luego de que una misión técnica compuesta por representantes de al menos cinco dependencias de las Naciones Unidas explorara el contexto hondureño y las necesidades de combatir la corrupción e impunidad, han trascendido públicamente dos Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de la CICIH.
El primero, con autoría atribuida a la Secretaría de las Naciones Unidas, y, el segundo, al Gobierno de la República. Entre ambos hay similitudes en su contenido, pero en lo sustancial hay profundas diferencias, las cuales son tan marcadas que al final se convierten en dos propuestas de naturaleza irreconciliables en cuanto a la modalidad y a la finalidad misma de cada una.
Las Naciones Unidas se inclinan por introducir reformas que permitan al futuro mecanismo internacional realizar investigaciones de forma independiente e imparcial y, por tanto, constituirse como acusador privado. Para ello, propugna por la identificación del funcionariado que integraría el mecanismo internacional, su proceso de designación, la localización de las oficinas del mecanismo y los acuerdos de carácter financiero para que pueda operar.
Por su parte, el Gobierno de la República plantea la necesidad de reformar la Constitución en lo atinente al sistema de justicia y al Ministerio Público para el establecimiento de dicho mecanismo internacional, el cual sería un acompañante en la realización de las investigaciones, es decir, tendría la facultad de ser un querellante adhesivo. En cuanto a lo relacionado con la integración, identificación y nombramiento del funcionariado nacional e internacional le corresponderá al Estado hondureño, así como la instalación de las oficinas y la ejecución de los acuerdos financieros para su operación.
En resumen, la propuesta de las Naciones Unidas es contar con una CICIH con autonomía para constituirse en acusador privado independiente del Ministerio Público, mientras que la del Gobierno es contar con una CICIH que acompañe al Ministerio Público bajo la figura de querellante adhesivo. Las diferencias entre una y otra facultad son determinantes para la finalidad que se busca.
