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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional, por mayoría, declaró este jueves improcedente y sin fundamento la solicitud presentada por el partido Libertad y Refundación (Libre), para someter a juicio político al Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar.
Al final de la votación, 78 diputados se pronunciaron en contra de admitir la denuncia, 43 a favor de que se admitiera y siete se abstuvieron.
Tras una discusión que duró unas tres horas, la junta directiva del Congreso Nacional, dio el trámite correspondiente a una denuncia presentada el pasado martes ante la secretaría por el diputado de Libre por Cortés, José Edgardo Castro.
Fue el propio presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien abrió la discusión de la denuncia formulada por Castro en contra del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar y explicó que el procedimiento indica que el secretario de la Cámara Legislativa, Mario Pérez, debe leer la denuncia.
En ese sentido, Pérez explicó que la secretaría tiene cinco días para introducir la denuncia al pleno para que se discuta la misma y al final el pleno vote si se admite o no la misma para lo cual se necesita de mayoría calificada de 86 votos afirmativos.
Argumentos del escrito
En el escrito se esgrime que se presenta denuncia grave en el desempeño de sus funciones del Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, por actuaciones contrarias a la Constitución y el interés nacional.
Entre los argumentos para solicitar el juicio político en contra de Cuellar, se señala que Cuellar fue denunciado en forma pública por la entonces directora de Fiscales Danelia Ferrera por licencias otorgadas a camaroneras del sur, venta de transformadores propiedad de la ENEE, ampliación de permisos a Gas del Caribe y Electricidad de Cortés, otorgamiento de varias licencias ambientales en el sector minero, pretensión de reformas para despojar a los lencas de sus tierras donde hay proyectos hidroeléctricos, manipulación del contrato de concesionamiento para la explotación petrolera.
Añade que se desconoce cuál es el estado y situación de esas denuncias que habiendo siendo interpuestas por las personas que se sienten afectadas, deben ser investigadas igual que todos los hechos que se denuncian, establece el escrito presentado por el diputado Castro.
Asimismo, denuncian que el bufete del cual es socia su esposa Sonia Inés Gálvez, la abogada Aída Celeste Cerrato Chinchilla y el abogado Jair López, se identifica con su apellido Cuellar.
Argumenta que Cerrato Chinchilla se desempeñó como asesora en la Secretaría de Recursos y Ambiente (Serna) durante el período que el ahora Fiscal General Adjunto fue ministro y es cuñada del que era viceministro, Roberto Cardona y en febrero de 2013 dio fe de la audiencia pública para la adjudicación del contrato para la terminal especializada de contenedores y carga general de Puerto Cortés a requerimiento del comisionado del entonces comisionado de Coalianza José Antonio Pineda Cano, a quien el bufete Cuellar representa en un procedimiento penal que se le sigue.
También se esgrimen otros cuestionamientos contra Cuellar como la inasistencia de peritos y técnicos de Medicina Forense a juicios orales y públicos programados bajo argumento de no existir vehículos disponibles para su desplazamiento, también la suscripción de un contrato de arrendamiento por un edificio ubicado en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula por cinco millones 760 mil lempiras durante dos años.
Asimismo, se relaciona al bufete de Cuellar con la construcción de Ciudad del Ángel y se le acusa de nombrar a la señora Irina Pineda con un sueldo de 45 mil lempiras en el cargo de jefa de cooperación externa en perjuicio de la funcionaria a quien le correspondía la plaza por razones de carrera, por nombrar al hermano del funcionario como fiscal de nombre Leonardo Cuellar, así como la contratación de agentes de seguridad por encima de lo que paga el Ministerio Público, entre otros.
Ante esos señalamientos y otros más, varios diputados intervinieron en la sesión de este jueves para manifestar su posición en cuanto a la petición de entablar un juicio político
Luego de conocer la extensa denuncia se comenzó el debate ante la presencia de estudiantes de la carrera de derecho del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), donde los diputados de todas las bancadas se expresaron ampliamente en un debate histórico que pudo ser visto por millones de hondureños a través del canal 20 del Congreso Nacional.
Petición es incorrecta y no tiene fundamento
Un momento estelar en la votación fue la intervención del veterano diputado y abogado constitucionalista, Oswaldo Ramos Soto, quien ofreció una cátedra sobre la historia del juicio político, especialmente el proceso que se sigue en países como Estados Unidos.
Ramos Sotos recordó que en 2009 había imputaciones contra el ahora ex presidente y jefe de bancada del partido Libre, Manuel Zelaya y miembros de su gobierno y después de la toma de posesión del ex mandatario Porfirio Lobo, éste se dirigió del Estadio Nacional a la embajada de Brasil, para acompañarlo junto a su esposa Xiomara Castro, a la base aérea Hernán Acosta Mejía y los fue a dejar a la nave del ex presidente dominicano Leonel Fernández para que salieran decentemente a calzar las sandalias del peregrino.
Agregó que en el mismo Congreso Nacional se tomó la decisión de otorgarle una amnistía y aunque hubo algunas protestas y otros a favor, “estamos hablando de hechos y realidades, hechos y no palabras”.
Indicó que ahora hay un juicio criminal contra algunos ex funcionarios del gobierno de Zelaya y de repente se dice que porqué el presidente que era la cabeza del Estado está amnistiado y los otros tienen que responder ante los tribunales.
“Quiero dejar establecido que palmariamente, el juicio político se debe hacer en el Congreso, sólo los juicios criminales, civiles y penales, los hacen los órganos jurisdiccionales, incluso cuando se juzga a un alto funcionario hay un principio de que los pares deben juzgar a los pares y quien juzga es la Corte Suprema de Justicia no el órgano jurisdiccional común y corriente”, refirió.
Refirió que el diputado Castro siguiendo lo que establece el artículo 234 constitucional y la ley especial del juicio político, ha presentado una denuncia y “yo quiero subrayar y destacar porque si bien este es un Congreso, el juicio político es algo que debe ser equitativo”.
Explicó que el referido artículo 234 de la Carta Magna y la ley especial del juicio político, establece que procede esa figura contra el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y la persona contra quien se dirige el escrito, es el Fiscal General Adjunto.
“Estoy viendo aquí en el numeral uno que dice licencias otorgadas a camaroneras del sur; la Fiscalía del Estado no otorga licencias; venta de transformadores propiedad de la ENEE, la Fiscalía del Estado no vende transformadores; ampliación del permiso a Gas del Caribe y Electricidad de Cortés, la Fiscalía del Estado, no hace este tipo de determinaciones”, cuestionó Ramos Soto, entre muchos otros argumentos presentados por Castro.
En ese sentido, recalcó que la tarea del Ministerio Público es la acción penal pública y se está argumentando en la denuncia que también se está violentando la libertad de prensa y él no cree que debe ser atribución del Fiscal General Adjunto, tutelar la libertad de prensa y en ese sentido, a quien tiene que acudir es al ombudsman, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para proteger ese tipo de situaciones.
Añadió que tiene conocimiento que de una acción entablada por la esposa del Fiscal General Adjunto en un asunto que no debe ser interés del Congreso que no es un tribunal de justicia sino el parlamento hondureño donde los diputados son electos para crear, reformar, derogar e interpretar las leyes.
Por esa razón, consideró que la solicitud de Castro es incorrecta por lo que propuso que no se admita ese documento porque carece de fundamento pues ninguno de los fundamentos le corresponde al Fiscal General Adjunto en el desempeño de sus funciones.
Juicio político contra Cuellar declarado improcedente
En iguales términos se pronunció el diputado liberal y ex presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, se refirió a lo que se conoce legalmente como causa probable, que se orienta a establecer una causa probable para iniciar una investigación y si la denuncia no venía acompañada de las pruebas necesarias para que la Cámara Legislativo la admitiera, lo que procede es votar como lo dicta la conciencia
Entretanto, el diputado José Tomás Zambrano, recordó las reformas hechas en la legislatura pasada para darle vida al juicio política aprobada por mayoría calificado y mediante consensos, pero la ley especial establece el procedimiento y las tres causales para someter a un alto funcionario del Estado a un juicio política de las cuales el Fiscal General Adjunto no incurre en ninguna de ellas pues la mayoría de las denuncias se refieren a su cargo como ministro de la Serna y además no son denuncias graves.
De su lado, el secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, quien encabezó la comisión que elaboró la reforma constitucional y la ley especial del juicio político, se preguntó a quién se va a juzgar la conducta, al ex ministro de Serna o al Fiscal General Adjunto.
Añadió que en la mayor parte de la denuncia se cuestionan los actos de Cuellar como ministro de Serna, lo cual vuelve improcedente la denuncia y en segundo lugar, hay que hacer una diferencia bien marcada entre lo que es grave y lo que no es grave y la Constitución establece esos términos al tiempo que se preguntó que si porque dos guardaespaldas del funcionario devengan 15 mil lempiras mensuales es un hecho grave.
“Todo lo que se ha expuesto, lo que se ha dicho y lo que contiene la denuncia, considero que no existe y no hay los méritos suficientes para enjuiciar al Fiscal General Adjunto”, puntualizó.
Enseguida se procedió a la votación en la que 78 diputados votaron en contra de admitir la denuncia, 43 a favor de que se admitiera y siete abstenciones.
El presidente del Congreso Nacional cerró la sesión y convocó a una nueva reunión el próximo martes 9 de septiembre a las 3:00 de la tarde.