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Tegucigalpa, Honduras
Los mecanismos para extorsionar han comenzado a desaparecer en Honduras gracias a los obstáculos que el Congreso Nacional está interponiendo a los delincuentes.
Primero el bloqueo de llamadas de telefonía en los centros penales del país y ahora en los próximos días la presentación como proyecto de ley para regular la venta indiscriminada de chips electrónicos en todo el país, los que en su mayoría se comercializan como dulces.
El diputado nacionalista Tomas Zambrano confió que en los próximos días se estará presentado el proyecto para regular la venta de chips, ya que existe un descontrol que ha contribuido a que los delincuentes extorsionen a sus anchas de números que son desechados sin que las compañías telefónicas puedan controlar.
“Se va a presentar una iniciativa para el registro telefónico obligatorio y regular la venta de chips, que ya no se estén vendiendo en las pulperías, en el parque central y en las calles.
Debe ser una base de datos real y fidedigna. Esto es lo que sigue en el caso de la seguridad que se debe brindar en telefonía móvil para parar las extorsiones”, explicó Zambrano, impulsor de la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en Centros Penales del todo el país.
Bloqueo de llamadas
El viernes 14 de febrero se cumple el plazo para que las compañías de telefonía móvil en Honduras, Tigo, Claro y Hondutel, bloqueen las llamadas en los 24 penales del país hasta un kilómetro a la redonda de la localización.
“El impuesto de guerra (extorsiones) ha causado graves daños a la ciudadanía que se dedica a trabajar, estudiar y salir adelante. Es por eso que el Congreso Nacional anterior creó esta ley. Se conoce que los sectores que más sufren por la extorsión son las pulperías, mercaditos, puntos de taxis, pequeños empresarios que han cerrado sus negocios”, manifestó Zambrano.
Los cuerpos de inteligencia del Estado revelaron que el 40% de las extorsiones se ejecutan desde los centros penales, así como otros delitos planificados, como secuestros y asaltos a agencias bancarias y financieras hasta el sicariato.
“La Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación determinó que la mayor parte de llamadas para cobrar ‘impuesto de guerra’ se origina desde los 24 centros penales que hay en el país. Por eso se creó la ley que desactiva todas las llamadas telefónicas y la Internet. Los reclusos no van a poder tener ninguna comunicación”, expresó Zambrano.
Equipo técnico
Según la ley, el 15 de febrero próximo las telefónicas ya deben tener bloqueada la señal. “Este es el primer paso que deben seguir; pero el segundo, quizá el más importante, es que mientras está bloqueada la señal, deben instalar los equipos bloqueadores de alta tecnología dentro de la cárcel, los que deberán estar vigilados para que no sean dañados”, afirmó Zambrano.
A partir del 15 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá comenzar a supervisar con equipo técnico en los penales, para confirmar si existe señal o no en cada presidio.
“Si existiera señal en un centro penal después del 14 de febrero, de inmediato se le aplica una multa de 20 millones de lempiras a la empresa que no ha cumplido a cabalidad esta ley”, agregó.