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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional terminó de aprobar en su último debate, la Ley de Protección del Espacio Marítimo o Ley de Interdicción Marítima, cuyo objetivo es proteger la soberanía de las aguas hondureñas y primordialmente para combatir la amenaza del narcotráfico y otras actividades del crimen organizado a través del mar territorial.
El proyecto de decreto que fue presentado ante la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista, David Chávez, fue dictaminado por la comisión ordinaria de defensa y soberanía, con el propósito de establecer las normas que regirán la defensa del espacio insular y marítimo del Estado de Honduras en su calidad de Estado ribereño y Estado del pabellón en ejercicio de su soberanía, derechos soberanos y en atención a sus más altos intereses de seguridad y defensa integral mediante procedimientos de interdicción marítima con acciones de persuasión, visita, inspección, derecho de persecución y movilización o detención de toda embarcación propulsada o no u objeto que sin ser embarcación sea razonablemente sospechosa de infringir normas nacionales o internacionales.
Con esta ley, Honduras podrá aplicar procedimientos de interdicción marítima que incluirá acciones de persuasión, visita, inspección, derecho de persecución, inmovilización o detención de toda embarcación propulsada o no u objeto que, sin ser embarcación, sea razonablemente sospechosa de infringir o infrinja normas nacionales e internacionales.
Es una complementariedad a la Ley de Interdicción Aérea, ambas creadas para la defensa integral del país en su lucha contra el narcotráfico.
La ley es aplicable a las naves, embarcaciones y objetos que, sin ser naves, estén sometidos a la jurisdicción de la República de Honduras en virtud de su nacionalidad, de su posicionamiento en aguas jurisdiccionales de Honduras o en virtud de la ejecución de normas de derecho internacional.
Quedarán fuera del ámbito de su aplicación los buques de guerra, mismos que gozan de inmunidad soberana y sólo podrán ser abordados por autoridades competentes con permiso del comandante del buque.
A los efectos de la ley se entiende por interdicción marítima los procedimientos que, avalados bajo derecho nacional e internacional, son ejecutados por aeronaves o embarcaciones militares de la República de Honduras con la finalidad de establecer ejecución jurisdiccional por vía marítima o aérea y por sobre una embarcación razonablemente sospechosa de cometer ilícitos en el mar o amenazar intereses de seguridad nacional.
Según esta ley, toda nave o embarcación podrá ser objeto de medidas de Interdicción marítima -incluyendo la persuasión, visita, inspección, persecución, inmovilización o detención de naves- en los siguientes casos:
Cuando la nave sea designada blanco de interés, cuando se presuma razonablemente que la nave, embarcación u objeto, atenta contra la soberanía nacional o su utilidad tenga conexión con actividades ilegales y cuando sea identificada como una nave hostil.
La ley contiene 16 artículos y 14 literales que expresan la conceptualización de la ley, en el marco de una discusión en la que hicieron sus aportes varios diputados conocedores del tema.
Para los efectos de la ley se entiende por interdicción marítima los procedimientos permitidos por el derecho nacional e internacional son ejecutados por aeronaves o embarcaciones militares de la República de Honduras con la finalidad de establecer ejecución jurisdiccional por vía marítima o aérea y por sobre una embarcación razonablemente sospechosa de cometer ilícitos en el mar.
El prosecretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, explicó que ya se habían aprobado los primeros cinco artículos del decreto, pero a petición de los miembros de la comisión de seguridad y protección ciudadana, del artículo seis al 16, fueron enviados para una opinión de la Cancillería a fin de que la ley no viniera a contravenir los convenios internacionales de los que Honduras forma parte, principalmente en el derecho marítimo.
Añadió que la gerente legislativa del Congreso Nacional, Karen Motiño, sostuvo varias reuniones en la Cancillería, con los asesores legales de Relaciones Exteriores así como de la Fuerza Naval de Honduras y la Secretaría de Defensa, instituciones que enviaron algunas sugerencias en el articulado que fue enviado para consulta que no inciden mucho en el dictamen.