Comisión denuncia ausencia de legalidad en procedimientos que CIAD abrió en caso de la ZEDE Próspera
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La Comisión en Defensa del Territorio y la Soberanía denunció este miércoles la ausencia de legalidad en el procedimiento que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) abrió en el caso de la ZEDE Próspera y sus asociadas contra Honduras, por un monto aproximado de 10 mil 700 millones de dólares.
Tal comisión está conformada por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, el canciller Enrique Reina y el Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, en representación del Estado
En conferencia de prensa, la ministra Moncada tomó la palabra y señaló que el CIADI como organismo internacional al admitir esta “controversia” de las ZEDE, “está haciendo caso omiso de la legislación de Honduras, de disposiciones previstas en nuestro derecho interno desde el año 1988, de la pacta sunt servanda (lo pactado obliga), el que está violentando a sabiendas que rige los tratados internacionales”.
“A quienes quieren dividir y desarticular la patria, desde el Gobierno de la República les decimos a esos enemigos, van a perder a nivel nacional e internacional”, aseveró.
Según la funcionaria, “nos asiste la razón, el derecho, principios nacionales e internacionales, pero sobre todo una normativa nacional que vigente desde 1988 y ratificada en el 2000 que dispone que el Estado de Honduras no va a cortes ni organismos internacionales mientras no se agote el derecho interno”.
De su lado, el canciller Reina reveló que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y cumpliendo el decreto que “nos hace parte de esta Comisión vamos a defender la soberanía, el territorio a toda costa y a toda presión que podamos recibir en nombre del Gobierno y en favor del pueblo”.
“Las ZEDE es una aberración jurídica desde todo punto de vista, pretender destruir al Estado de Honduras, desarticularlo. El Gobierno y la Cancillería a través de esta comisión velará por el cumplimiento del derecho internacional y el derecho interno”, sostuvo.
El Gobierno ya envió comunicación oficial al CIADI con relación al proceso promovido por la empresa Honduras Próspera Inc, la cual intenta sostener un ilegal litigio contra el Estado.
“El Gobierno solicitó que quede sin efecto la propuesta de nombramiento del coarbitro de nacionalidad mexicana-alemana nombrado por CIADI sin el consenso de la República de Honduras y sin las prevenciones que establecen las reglas de arbitraje de la institución”, detalló Díaz Galeas.
Es inadmisible para la República de Honduras que un profesional asalariado por una ZEDE, sea nombrado como arbitro por CIADI, cuando ha estado al servicio de la contraparte “hay un evidente conflicto de interés”, consideró.
“Es prioridad para el Gobierno, esta Comisión y la PGR combatir todas las prácticas de corrupción público-privada y defender absolutamente la soberanía de la nación, el territorio y los derechos humanos de todos los hondureños”, puntualizó