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Tegucigalpa, Honduras.
La comisión especial de transporte, vivienda y urbanismo del Congreso Nacional, se reunió con dirigentes del rubro del transporte a fin de terminar de consensuar la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras que ya fue aprobada en primer debate en la Cámara Legislativa.
El presidente de la comisión, diputado Miguel Edgardo Martínez, informó que la reunión tiene como objetivo tener acercamientos y definir criterios acerca de algunas observaciones que han planteado los transportistas sobre el dictamen que se presentó ante el pleno.
Aclaró que los desacuerdos, no son de mayor relevancia, sin embargo, el propósito es mantener un equilibrio y proteger a los transportistas, pero sin descuidar los intereses del usuario que es el objetivo principal de la ley.
El congresista indicó que existen puntos en los que difícilmente tendrán coincidencia con los transportistas, ya que se reconoce que el Estado debe tener un claro control del transporte nacional.
Detalló que entre las observaciones planteadas por los transportistas, figura la forma en que se nombrarán los comisionados del Instituto Nacional del Transporte Terrestre (INTT), que será el nuevo órgano rector del sistema de transporte terrestre en Honduras, con independencia financiera y administrativa.
Este Instituto será dirigido por un directorio de tres especialistas y conformado por un director presidente, un director financiero y un administrativo, que serán seleccionados por el presidente de la República de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.
Otro punto que se está proponiendo en el dictamen, es que no pueden participar como comisionado los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad de los transportistas, para no volver a las mismas prácticas pasadas, donde los transportistas lo manejaban a su antojo, aseveró el parlamentario.
En cuanto a la inversión para la instalación de dispositivos de seguridad en las unidades, Martínez arguyó que cuando la inversión la hace el Estado, nadie cuida las mismas, pero no sucede así, cuando esas efectuadas por el sector privado, por ello los mismos transportistas están proponiendo que se contrate a empresas que brindan el servicio de renta de cámaras, botones de pánico y sistemas de posicionamiento global (GPS), por un valor de 11 dólares mensuales y se considera que eso no le afectaría a los transportistas.