CN envió desde ayer fe de erratas para corregir publicación de Ley Orgánica de Presupuesto que sin embargo mantuvo espíritu del legislador

El Congreso Nacional envió ayer a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), una fe de erratas para corregir la publicación en La Gaceta de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, porque con la omisión no se cambia el espíritu del decreto que consiste en que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debe auditar el Fondo Departamental de los cuatro últimos congresos y remitir expedientes a los órganos correspondientes en caso de que amerite la acción penal, civil o administrativa.

Así lo informó en una comparecencia de prensa, el secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, quien explicó que el presidente de este poder del Estado, Mauricio Oliva, dio instrucciones ayer a la secretaría para revisar las grabaciones a lo leído, discutido y que fue aprobado en el pleno.

Fue así como se hizo el trabajo de revisión y se encontró que al momento de darle lectura se obviaron algunos renglones, pero no párrafos completos, que van relacionados, pero que no cambian el espíritu del decreto que aprobó la Cámara Legislativa en ese artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Ilustró que el Congreso Nacional tiene mecanismos para enmendar cualquier error que se cometa y la fe de erratas es un procedimiento legislativo que tiene este poder del Estado para poder rectificar ciertos errores que se cometen al momento de la transcripción.

Zambrano enfatizó que una vez publicada la fe de erratas en el diario oficial La Gaceta posiblemente este día, el decreto tendrá el mismo alcance legal jurídico de investigación y auditoría y fiscalización sobre los fondos manejados en el Congreso del período 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.

Reiteró que solamente se obviaron algunas líneas que no alteran el espíritu del decreto que consiste en una auditoría y fiscalización e investigación especial por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con un período y plazo de tres años para investigar los 12 años que le manda el Congreso Nacional y que posteriormente, en caso de que los hallazgos lo indiquen, se reduzcan responsabilidades a los investigados.

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