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Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), expresó que es puro «show» por parte del gobierno los dos requerimientos fiscales interpuestos por el Ministerio Público (MP) en contra del extitular de Inversión Estrategia Honduras (Invest-H), Marco Bográn.
“No es más que un acto de este circo y show montado por el Gobierno diciendo que está combatiendo la corrupción cuando al mismo tiempo crea las condiciones favorables para que el flagelo continúe”, expresó.
A su criterio las autoridades judiciales del país lo único que buscan es exhibir a los supuestos culpables y luego dejados en libertad “como ha sucedido en otros casos de corrupción a gran escala”.
Figueroa lamenta que funcionarios hayan drenado grandes cantidades de recursos para el uso de intereses particulares. “Se han hecho fortunas con dineros de corrupción”, dijo.
La profesional de la medicina encuentra irrisorio un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción dictara en junio pasado 1,042 años de prisión contra una exfuncionaria de de la Secretaría de Salud por la entrega irregular de becas en favor de estudiantes de medicina y otras carreras.
“Eso es un delito menor en comparación a todos los saqueos que ha hecho este Gobierno en los últimos años de administración”, cuestionó.
Al mismo tiempo criticó que las autoridades buscan “ensañarse” con delitos de menor cuantía, sin embargo, a los que tienen las arcas del país en el empobrecimiento no se les hace nada y “siguen gozando en sus casas de lo saqueado”.
Figueroa lanzó contra los congresistas que han gestionado leyes para que el saqueo se convierta en un delito menor, refiriéndose al nuevo Código Penal aprobado en junio.
Marco Bográn fue detenido la mañana del lunes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por el delito de malversación de caudales en el caso «viáticos VIP» a funcionarios durante la pandemia y se le emitió un segundo requerimiento la mañana de ayer por abuso de autoridad en el otorgamiento de un contrato de supervisión a un pariente propietario de una empresa, violentando la Ley de Contratación del Estado.
