Violencia estructural y conflictividad social-política “detrás” de la violencia de las personas LGBTIQ en Honduras

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Un informe sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Guatemala, Honduras y El Salvador, revela que su origen obedece a la alta conflictividad social y política, los problemas de corrupción, impunidad y el socavamiento institucional que afectan desproporcionadamente la convivencia de estos sectores, provocando la violencia de género, la discriminación, la desigualdad social y económica, como también el desplazamiento forzado.

En estos tres países, esta intersección resulta en situaciones de altos índices de violencia, discriminación y exclusión social para las personas LGBTIQ, donde Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios entre mujeres trans de todo el mundo; y, en Guatemala se ha reportado que dos de cada tres personas trans han enfrentado estigma y discriminación. El Salvador evidencia la profunda imbricación entre la conflictividad social de las maras y pandillas, y la violencia motivada por el prejuicio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales de las personas.

Las personas que luchan por los derechos de la diversidad sexual y de género son particularmente víctimas de ataques. Asesinatos de activistas trans, como el de Vicky Hernández en Honduras y el de Andrea González en Guatemala son especialmente alarmantes en un contexto donde las poblaciones LGBTIQ+ asumen el liderazgo de atender, garantizar y buscar el reconocimiento de los derechos humanos de esta población.

Estos contextos de violencia, los altos índices de asesinatos, la baja calidad de vida y el abandono total del Estado para garantizar sus derechos lleva también al desplazamiento forzado y migración de las personas LGBTIQ+, siendo estas parte de la crisis humanitaria migratoria de la región.

Estos países viven en una alta conflictividad social y política, sumada a la corrupción, impunidad, donde la población  como la de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer —LGBTIQ, se encuentra en desventaja estructural y vulnerabilizada por sistemas de violencia de género basados en la cisheteronorma, interseccionados con los sistemas de desigualdad social y económica.Situación de violencia contra la población LGBTIQ+, especialmente mujeres trans en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En Honduras, al igual que otros países de la región centroamericana, constantemente ha enfrentado grandes desafíos en materia de seguridad, impunidad y violación de derechos humanos. Los altos niveles de violencia, corrupción, despotismo, y la falta de un estado de derecho ha afectado de manera significativa la vida de las personas hondureñas; con especial énfasis en mujeres, comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y afro hondureños, quienes por su condición de vulneración se ven doblemente expuestos a la violencia cotidiana y estructural por parte del Estado Hondureño.

En los últimos años, Honduras empeoró su puntaje el Índice de Percepción de la Corrupción6, pasando del puesto 146 al 157 de 180 países evaluados. Prevalece la debilidad institucional, la falta de independencia judicial, la corrupción y crimen organizado en estructuras estatales, aunado a una falta de legitimidad democrática, especialmente a raíz de las cuestionadas elecciones del 20177.

Con las nuevas elecciones de 2021, se tienen expectativas de un mejoramiento en esta materia. El deterioro del Estado hondureño es un cumulo de incidentes sociopolíticos que datan de varios años atrás, los cuales no solo han socavado la democracia hondureña, sino que han evidenciado el detrimento y las falencias del Estado, y la falta de respuesta de los gobiernos para responder de manera integral a las necesidades básicas de la población: tales como, educación, salud, seguridad, empleo, respeto a la dignidad humana y acceso a la justicia.

La situación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Honduras está marcada por el alto número de crímenes de odio, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el no reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, la impunidad, y la constante violencia por parte de los entes estatales en contra de la comunidad LGBTIQ+. En el 2020, un total de 20 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, 8 y en el 2021 un total de 109, incluyendo defensoras y defensores LGBTIQ+. Ante este escenario, la falta de oportunidades de desarrollo, la violencia, inseguridad y otros factores relacionados a la homo-lesbo-transfobia, las personas de comunidad LGBTIQ+ se ven obligados a huir del país aún cuando esto represente mayores riesgos para sus vidas.

Las prácticas inhumanas que caracterizan los hechos violentos y crímenes de odio hacia las personas de la diversidad sexual, especialmente en contra de mujeres trans, son un claro ejemplo del estado de indefensión e impunidad en que vive dicha población

Por su parte, el Observatorio de Muertes Violentas LGBTIQ+ de CATTRACHAS evidencia que de las 98 muertes violentas de personas LGBTIQ+ registradas, entre 2019 y lo que va del 2022, solo 17 de estas han sido judicializadas, con un 82.65% de impunidad de los casos.10 Las autoridades hondureñas no muestran un real interés en atender estos, creando así una cultura de impunidad estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y la vida.

Esta dinámica que perpetúa las prácticas violentas y su impunidad es reflejo de sistemas que operan sobre la misoginia patriarcal, los mismos que dan lugar a otros tipos de violencia de género.

Según la ONG Transgender Europe en su observatorio de muertes violentas contra personas trans, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios hacia personas trans de todo el hemisferio, con 11.49 asesinatos por cada millón de habitantes.

Esta tasa, extremadamente alta, también es un reflejo de la intersección entre la violencia de género, combinada con la transfobia, en un contexto de dificil acceso a la justicia y reparación. Sobre las muertes violentas de personas trans, de 2009 a la fecha, se reportan un total de 126, siendo las personsa jóvenes de 22 a 27 años las más afectadas.

Además en estos casos la mayoría de muertes están relacionadas al uso de armas, particularmente e armas de fuego. La mayoría de las personas asesinadas se dedicaban al trabajo sexual (58%) como medio de vida, debido a la falta de oportunidades de estudio y acceso al mercado laboral formal en el país, evidenciando así situaciones de desigualdad y vulneración multidimensionales para las personas LGBTIQ+ y sobre todo para personas trans.

Esta situación también es un reflejo histórico de la ausencia del Estado en cumplir con estándares mínimos de derechos humanos, así como de asumir los tratados y compromisos internacionales que han firmado y ratificado en esta materia.

Ejemplo de ello, es que el 28 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009.

Dicha sentencia evidencia el involucramiento de los entes estatales (policía nacional) en el asesinato y la transgresión del derecho a la vida de defensoras y defensores de DDHH. A su vez, la CIDH encontró que se vulneró el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones de violencia basada en su género contra las mujeres trans.  No es hasta el 9 de mayo de 2022, la presidenta Xiomara Castro reconoce públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato y pide el perdón por el hecho.

En esta ceremonia, la presidenta también anuncia una serie de reparaciones para la familia de la víctima y para la población de personas trans hondureña, incluyendo que buscará incorporar medidas para los procedimientos del reconocimiento de la identidad de género en el país.13 Se espera que este proceso de generar leyes en esta materia sigan las recomendaciones de la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Intercamericana de Derechos Humanos, siguiendo los principios del derecho a la identidad de género auto percibida y del libre consentimiento sin requisitos médicos, legales o psicológicos adicionales.

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