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El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, dijo que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP), solicita que no se realice el UFECIC-MP presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la diputada Sara Medina.
La parlamentaria Sara Medina, quien es acusada de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Se informó que la Fiscalía pidió que no se lleve a cabo el acuerdo de conciliación, por lo que el juez en garantías del debido proceso será hasta el próximo martes que dictará el fallo.
De acuerdo al Ministerio Público la conciliación incluye una participación de la PGR y que éstos no están legitimados para asumir conciliación por este delito, en vista que aún no finaliza la causa que provocó daños a la sociedad.
Asimismo, el ente fiscal declara que existe un convenio entre la PGR y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) para que no existan acuerdos de conciliación por algunos delitos.
Anteriormente se conoció que un juez determinó dictar sobreseimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas, y para Sara Medina se decretó auto de formal procesamiento por falsificación de documentos.
Por su parte la PGR, comunicó que no desconoce la existencia del acuerdo suscrito con la MACCIH, en cuanto a no aplicar medidas desjudicializadoras por actos de corrupción; no obstante, la interpretación, aplicación y valor jurídico de este acuerdo, debe estar supeditado a la Constitución y a las leyes nacionales en consonancia con los apartados 7.3 y 8.1.2 del convenio suscrito con la OEA.
La PGR actúa en estricto apego a la Constitución de la República, bajo el principio de objetividad, ejerciendo las facultades que le confiere la ley, respetando los mandatos de cada órgano constitucional, en el marco de sus competencias.
De igual manera, reafirma su compromiso en la lucha contra la impunidad y la corrupción, ejerciendo su mandato de manera autónoma y responsable en la promoción y protección de los intereses del Estado, reconociendo en el Derecho Penal un medio y no un fin por sí mismo para el mantenimiento del orden social y la realización de justicia.