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Las denuncias del aspirante a la Presidencia por la Alianza LIBRE-PINU, Savador Nasralla, han originado reacciones encontradas en cuanto a la supuesta modificación de la legislación penal para favorecer a los corruptos.
El candidato a la Primera Magistratura acusó a los señores del partido en el poder y a los congresistas liberales de haber apoyado enmiendas dirigidas a volver flexibles las condenas.
La alianza asegura que las penas de seis a nueve años fueron disminuidas de cuatro a seis años para los delitos de malversación por apropiación por uso y por aplicación oficial diferente.
Además, la pena de seis a nueve años fue bajada de cuatro a seis por el delito de administración desleal del patrimonio público, mientras que la condena de nueve a 12 años pasó de seis a nueve años por los ilícitos anteriores con sus agravantes.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jorge Cálix, explicó que el oficialismo en la Cámara Legislativa aprobó reformas que benefician a los corruptos, puesto que al haber pasado la pena mínima de seis a cinco años le abre a los acusados la oportunidad de no ir a la cárcel.
La figura de la conmuta desaparece y se da lugar a otra denominada «reemplazo» que puede consistir en el pago de dinero, o el cumplimiento de trabajo, servicio social, detención los fines de semana o arresto domiciliario.
En respuesta, el congresista del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que la oposición pretende desacreditar a dicho instituto político porque «están desesperados».
Detalló más adelante que las condenas fueron incrementadas en el nuevo Código Penal. Pormenorizó que, en el caso de la malversación, las penas fueron divididas en dos categorías.