Poder Judicial, CIDH y ACNUR firman carta para fortalecer respuesta de servidores judiciales a población vulnerable

Con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de la rama judicial en desplazamiento forzado por violencia, sistema interamericano y protección internacional la Corte Suprema de Justicia en Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), firmaron este lunes 29 una Carta de Entendimiento tripartita.

Entre las primeras actividades, y junto a la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”, se ha desarrollado una propuesta de formación de 130 magistrados y jueces a nivel nacional entre los meses de octubre y noviembre de 2018, que permitirá iniciar el proceso de diseño de herramientas, marcos legales y protocolos para fortalecer el acceso a la justicia por parte de la población con necesidades de protección.

Esta primera fase de formación incluirá los estándares internacionales y el análisis de afectaciones como el abandono de tierras y vivienda, así como a sectores específicos de población.

El Abogado Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, subrayó que «es de suma importancia éste proceso formativo para los servidores judiciales a fin de contar con las herramientas suficientes a nivel jurídico para tutelar los derechos y garantías de población desplazada por distintas circunstancias, y estaremos haciendo todo lo posible por impulsar políticas amplias en este sentido”.

De la misma forma, Andrés Celis, Jefe de Oficina en Honduras del ACNUR manifestó que “para la víctima de la violencia, saber que hay un juez dispuesto a proteger sus derechos, significa la disminución de su vulnerabilidad de sus derechos, y una puerta hacia el encuentro de soluciones frente a estos problemas”.

Este mismo lunes, dieron inicio en Tegucigalpa a los proceso de formación, dirigido a las más altas instancias del Poder Judicial en las zonas del país mayormente afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado de acuerdo a los datos recopilados en 2014 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas desplazadas por la violencia (CIPPDV), así como la información disponible por parte del ACNUR a través de la atención directa a casos de personas desplazadas.

Este esfuerzo conjunto se enmarca en el Vigésimo Aniversario de los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras en el Marco Integral Regional de Soluciones y Protección (MIRPS).