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Nunca en la historia republicana de Perú, desde hace dos siglos, las relaciones del país con tres Gobiernos de la región habían quedado reducidas a encargados de negocios.
En los últimos cuatro meses se ha producido una escalada de tensión cuyo último estallido se produjo en los últimos días de marzo, cuando la presidenta Dina Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia.
Un mes antes, el Gobierno peruano había tomado una decisión igual de drástica con México y Honduras. ¿Qué sucedió para que se desencadenaran estas fracturas con países con los que Perú tiene una larga tradición de relaciones bilaterles?
El origen se remonta al 7 de diciembre pasado, cuando Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado que se diluyó en cuestión de horas y por el que se le han dictado 18 meses de prisión preventiva —más tarde el juez le impuso una segunda medida por 36 meses por ser el presunto líder de una organización criminal—.
Castillo fue detenido esa misma tarde mientras se dirigía a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo político. Al día siguiente de su empresa fallida, cuando Dina Boluarte ya se había cruzado la banda presidencial por ser su primera vicepresidenta, una autoridad lo visitó en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encontraba recluido.
Era Pablo Monroy, embajador de México en Perú. Dos semanas después, Monroy abordó a la fuerza un vuelo hacia Ciudad de México: el Gobierno de Boluarte lo declaró persona non grata y lo expulsó del país. Fue precisamente Monroy quien, por esos días recibió a la exprimera dama, Lilia Paredes y a los hijos de Pedro Castillo, a los que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concedió el asilo.
En todo este tiempo, el presidente mexicano no solo ha esgrimido una férrea defensa hacia Castillo, sino que no ha escatimado calificativos hacia Boluarte, a la que no ha reconocido hasta ahora como la mandataria constitucional de Perú.
Además le ha negado la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional que comparten con Colombia y Chile. “He visto encuestas donde la presidenta espuria tiene 15% de aprobación […]. México va a seguir apoyando al presidente ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere”, ha dicho López Obrador.
Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha tomado la misma postura frente Boluarte. Ha calificado como “masacre” a la represión de las fuerzas del orden contra los manifestantes e incluso ha llegado a decir que en el Perú la Policía Nacional “marcha como nazi contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. A mediados de febrero, el Congreso peruano declaró persona non grata a Petro.
En aquella ocasión la Cancillería colombiana intentó calmar las aguas, sosteniendo que se trataba de “un acto de carácter político” que no “afecta la relación” entre ambas naciones. Sin embargo, sirvió de poco, pues un mes después, en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo, volvieron a subir los decibeles cuando Petro afirmó que Pedro Castillo había sido víctima de un Golpe de Estado. “Debería estar aquí, lo sacaron. Está preso”, señaló. Ello mereció una respuesta inmediata en el mismo evento de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi: “Si Pedro Castillo no está aquí es porque dio un Golpe de Estado”.
El 29 de marzo, el Ejecutivo dispuso el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, Félix Denegri Boza. Tal y como había sucedido, en febrero, con la remoción de los diplomáticos Manuel Talavera Espinar en México y Jorge Raffo Carbajal en Honduras.
El internacionalista Ramiro Escobar observa con preocupación las relaciones de Perú con sus pares en la región desde que Dina Boluarte asumió el poder. “Estamos en una tendencia hacia el aislamiento. Tenemos frentes abiertos con varios países. Es preciso recomponer esas grietas, porque nos encontramos en un momento importante de América Latina, donde el continente se está transformando políticamente”.
Escobar indica que debieron agotarse vías de solución para estas asperezas antes de tomar decisiones de este calibre. “Se pudieron mandar misiones diplomáticas. Antes de dar el paso de retirar definitivamente a un embajador hay pasos previos como la diplomacia discreta. Todo se puede hacer para negociar y buscar consensos. Torre Tagle siempre se distinguió por ser una cancillería cauta e inteligente, siempre en busca de las mejores relaciones con los países vecinos, que son anillos de interés muy importantes.
Pero se está desarrollando una política exterior áspera. Pareciera que Cancillería está siguiendo la lógica de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Costará revertir estos distanciamientos”, explica.
Por su parte, Francisco Belaunde, también internacionalista, señala que la reacción peruana es una protesta frente a la postura de mandatarios que deslegitiman al Gobierno. “No se trata de una voluntad de aislamiento del Perú, sino de una derivación del hecho de que en la región hay más gobiernos de izquierda, algunos de los cuales han decidido jugársela por Castillo. Más que aislarse de motu propio, el gobierno de Boluarte se ve aislado por gobiernos que no lo reconocen”.
Belaunde destaca lo importante que son las formas en el diálogo político, sobre todo cuando se trata de un jefe de Estado. “Todos los países tienen derecho a expresarse sobre cuestiones democráticas y de derechos humanos, pero importa mucho de qué manera lo haces. La Unión Europea y Estados Unidos se han referido de manera muy diplomática sobre lo que está sucediendo en el marco de las protestas en contra del gobierno, muy distintas a las declaraciones de López Obrador y Petro.
Era inevitable reaccionar frente a gobiernos que emiten opiniones políticas que sí se pueden considerar injerencia”, expone. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, pidió por ejemplo la liberación de Pedro Castillo en la Cumbre de la CELAC, en Buenos Aires.
Las relaciones de Perú con México, Colombia y Honduras han quedado reducidas a encargados de negocios. Eso quiere decir que los vínculos comerciales continúan, pero que los vínculos políticos se encuentran perturbados. Un efecto concreto de las tensiones actuales es que México ha renunciado a participar en la Feria Internacional del Libro Lima 2023, que se realizará en el mes de julio. México era el país invitado de honor.
“En el fondo gravita un problema que deben tener en cuenta los mandatarios involucrados. Si bien los presidentes dirigen la política exterior, las cancillerías y los diplomáticos de carrera son quienes trabajan para llevarla por buen camino. Son los profesionales”, indica Ramiro Escobar. Cada quien a lo suyo para ponerle paños fríos al conflicto y no deteriorar todavía más las relaciones. Esa es la misión, y la gran dificultad, para los próximos meses.
Por: El País
