Más de 700 mil trabajadores serán protegidos por ley de inspección laboral

Tegucigalpa, Honduras

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La Ley de Inspección Laboral entró en vigencia desde el pasado jueves en Honduras con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos entre patronos y obreros del sector privado, en el contexto de los derechos explícitos en el Código de Trabajo y su campo de acción.

La nueva normativa protege a más de 700 mil trabajadores formales, sin incluir un universo hasta ahora desconocido de empleados de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes).

Su publicación en la Gaceta con fecha del 15 de este mes, reemplaza a la oficina de inspección de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

Fue elaborada entre el sector privado, estatal y obrero bajo el asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano indicó que la disposición tiene alcance general.

“Es para todo empleador que tiene desde un trabajador hasta un número indefinido. Todos están obligados a cumplir con la Ley”.

Las indicaciones emanadas desde la cúpula empresarial es que se cumpla a cabalidad cada uno de los artículos, porque los incumplimientos son penados con multas millonarias.

Por violaciones a la libertad sindical contempla sanciones de hasta por 300 mil lempiras; impago del Salario Mínimo implica multas del 25 por ciento sobre el saldo adeudado a los trabajadores.

Solórzano comentó que los preceptos jurídicos de este instrumento legal son de carácter disuasivo, “las multas pueden ser muy grandes para la Mipymes, y la gran empresa”.

Se introdujo el castigo por obstrucción a las labores de inspección de la STSS que conlleva un pago por alrededor de 250 mil lempiras para el patrono.

“Cualquier multa que se pueda medir en dinero es un 25 por ciento de lo que se adeuda”.

El entrevistado lamentó que los montos por sanciones hayan quedado abiertas a la generalidad, ya que en un principio, la posición del Cohep fue que las multas se aplicaran en función del tamaño de las empresas para evitar afectar a la Mipymes.

Al final quedó una multa fija, es decir, que en valores monetarios son iguales para un emprendedor con un empleado generado o para una empresa con miles de empleos, lo que viene en detrimento de las unidades productivas pequeñas.

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