Luis Redondo presenta una propuesta para dar independencia a la UFERCO

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La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) busca ser independiente a través de propuesta presentada por el presidente del congreso, Luis Redondo. Eso con el fin de que se pueda ejercer acción pública penal de oficio en casos de corrupción de alto impacto, sin la autorización del Fiscal General y del Ministerio Público ya que considera que son incapaces para luchar en contra de la corrupción.

“Desde el Poder Legislativo estamos llamados al fortalecimiento del sistema estatal que permita la lucha efectiva contra las redes de corrupción e impunidad (…) Quién se niegue entregar la documentación bajo cualquier artificio o retarde la remisión de la misma, entonces será castigada con 200 salarios mínimos e incurrirá en responsabilidad penal”, explicó Luis Redondo.

Además, detalló que el personal asignado a la UFERCO gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones realizadas y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio.

También el presupuesto de la unidad investigativa sería aumentado por la administración del Ministerio Público en un 10 por ciento de lo asignado durante el 2021.

Sostuvo que es necesario dotarla de un estatus especial para cumplir con sus funciones concediéndole un grado de independencia superior a las demás fiscalías, a efecto que los fiscales acreditados procedan al ejercicio de la acción pública penal de oficio como agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, la iniciativa busca entregar mecanismos que permitan a la UFERCO lograr sus objetivos anticorrupción.

Esto es lo que plantean los artículos de la propuesta de independencia de la UFERCO

 Como primer punto, busca autorizar a la UFERCO para ejercer acción penal de oficio en casos de corrupción de alto impacto, sin someterse a la aprobación previa del Fiscal General u otra autoridad del Ministerio Público. Para cumplir su función, la UFERCO requerirá de las dependencias estatales, quienes deberán remitir la documentación solicitada y sin dilación.

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