Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló este martes que el Estado de Honduras pierde más de 2,500 lempiras por segundo debido a la corrupción.
“En lo que va del año ya pudimos haber hecho un tercer carril en la carretera CA-4 y pudimos haber construido más de 70 hospitales y escuelas”, declaró.
Hernández, fue enfático al decir que “la corrupción está matando” a Honduras y no bastan los discursos, pues el país requiere de una política pública clara para revertir la situación.
“Es importante que el Gobierno de la República nos empiece a decir cómo vamos a hacer transparente las cosas cuando no tenemos el portal de Honducompras”, reprochó.
El antídoto de un país contra la corrupción siempre será la transparencia en el actuar de los gobernantes y sus ciudadanos, refirió.
Seguidamente, comentó que desde ASJ han estado por más de 22 años insistiendo en asuntos de transparencia.
“Estos datos surgen precisamente de los estudios que hemos hecho y presentado en los últimos años”, apuntó.
Hernández mencionó que al pasado gobierno se le indicó que en Salud sólo el 27 por ciento del personal contratado cumplía los requisitos y en Educación el nivel de efectividad no alcanzaba el 50 por ciento.
“Lo que nosotros queremos es que le vaya bien a este gobierno, porque si le va bien nos irá bien a todos los hondureños”, expresó.
Finalmente, advirtió que Honduras podría pagar medicamentos más caros de los que compraba el año anterior mediante el fideicomiso, debido a “malas decisiones” de la actual administración.
Honduras se encuentra entre los 25 países más corruptos del mundo. En 2021, el país se ubicó en el puesto 157 de 180 países y territorios evaluados por el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, con una puntuación de 23/100, la peor desde 2012.
ASJ en un análisis recalcó que la lucha anticorrupción ha enfrentado obstáculos como la falta de voluntad política, instituciones frágiles, débil rendimiento de cuentas, mientras la indiferencia ciudadana también ha contribuido a acrecentar el flagelo. Entre 2002 y 2020, más del 50 por ceinto de hondureños afirmaron que “se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se soluciones los problemas del país”, de acuerdo a Latinobarómetro.
Esta desconfianza ciudadana también se ve reflejada en la cantidad de denuncias por corrupción. De 458 denuncias en 2016, la cantidad bajó a 119 en 2021 y en lo que va de 2022, el Ministerio Público ha recibido 96 denuncias por corrupción.
A esto se suma la falta de controles en el gasto público, que contribuye a que se pierda el 12.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a causa de corrupción, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Por otro lado, la lucha contra la corrupción en Honduras se enfrenta a un marco legal deficiente y pactos de impunidad, con obstáculos para instituciones contraloras, especialmente el Ministerio Público. Muestra de ello es la aprobación a inicios de 2022 de la amnistía política para el período 2006-2009, que representó un obstáculo a investigaciones futuras y un beneficio a personas que cometieron delitos de corrupción, señaló ASJ.
Otro de los desafíos que perjudican la situación de corrupción y transparencia en el país es la falta de acceso a la información pública confiable, oportuna y entendible. Entre 2018 y 2020, el 31.4 por ciento de solicitudes de información pública no eran respondidas por las instituciones obligadas y 11.4 por ciento eran respondidas fuera del plazo establecido por la ley, lo que representa un acceso ineficaz a la información.
La falta de transparencia afecta también al Congreso Nacional, que se coloca como el menos transparente de América Latina después de Venezuela, mientras la capacidad de sanción del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es prácticamente nula. Sumado a esto, Honduras es uno de los pocos países donde las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no son públicas, aduciendo que esta información es de uso exclusivo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el análisis de ASJ.
