Fiscal Luis Javier Santos: «Los políticos nos ven como sus enemigos»

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El jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), Luis Javier Santos, brindó una entrevista al Wall Street Journal, donde habla sobre su vida en este cargo, los riesgos y obstáculos a los que se afrenta en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

A continuación, el reportaje completo:

Para Luis Santos, trabajar como fiscal en uno de los países más corruptos del mundo significa caminar hasta el tribunal ante una multitud que le grita en apoyo de los políticos acusados, conduce un automóvil blindado y teme por su vida.

Santos ha presentado cargos contra poderosos congresistas, ex ministros y una ex primera dama en Honduras. Él tiene otras 20 investigaciones en curso que apuntan a miembros de las administraciones actuales y pasadas, e involucran alrededor de $100 millones (más de 2 mil millones de lempiras), en fondos gubernamentales presuntamente robados, dijo.

Los legisladores hondureños han obstaculizado algunas de esas investigaciones y algunos legisladores ahora están desafiando el derecho del Sr. Santos y su equipo de nueve fiscales a continuar su trabajo bajo un acuerdo especial con la Organización de Estados Americanos, que proporciona fondos, fiscales extranjeros y expertos para Ayudar con los casos. Argumentaron que la misión de la OEA, que se renovará en enero, es inconstitucional porque infringe la soberanía hondureña y socava la independencia judicial.

Luis Javier Santos

“Nos ven como sus enemigos”, dijo el fiscal de voz suave de algunos políticos.

Los manifestantes marcharon la semana pasada con una bandera nacional hondureña durante una protesta exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.

El incumplimiento del mandato de la misión de la OEA, que comenzó a funcionar en 2016, sería el último revés para los esfuerzos de lucha contra la corrupción en América Central. Un grupo de trabajo similar que condenó a más de 300 personas en Guatemala cerrará en septiembre después de que los políticos allí lo acusaron de abusar de su mandato.

La corrupción es una de las causas fundamentales de la disfunción en los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras que está contribuyendo a una ola de migración hacia el norte hacia los EE. UU. Debilita los servicios públicos, alimenta el crimen y la impunidad y erosiona las inversiones necesarias para crear empleos. los expertos dicen.

“Uno de los puntos clave para detener el suministro de inmigrantes a los Estados Unidos es establecer una responsabilidad real y un estado de derecho en estos países”, dijo Charles Call, profesor de la Universidad Americana que rastrea los esfuerzos anticorrupción en la región.

La corrupción le cuesta a Honduras unos $2 mil millones (casi L.50 mil millones) al año, lo que equivale al 10% del producto interno bruto, según el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), un grupo de expertos no partidista con sede en la capital hondureña de Tegucigalpa.

“Estamos realmente preocupados porque el gobierno hondureño ya debería haber extendido la misión”, dijo Gabriela Castellanos, quien dirige el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización sin fines de lucro que investiga el injerto en coordinación con la unidad del Sr. Santos. “Nuestras instituciones han sido incapaces de combatir la corrupción”.

Una portavoz del gobierno hondureño no respondió a una solicitud de comentarios.

Incluso con el apoyo de la misión, el Sr. Santos ha enfrentado desafíos significativos. El fiscal de 46 años trabaja desde detrás de un escritorio enterrado en papeleo en una pequeña oficina. Él y su equipo a menudo son superados en la corte por abogados defensores.

El Congreso ha reducido las condenas por corrupción y condenas por tráfico de drogas, y ha ignorado los llamamientos para permitir el uso de negociaciones y escuchas telefónicas, herramientas vitales para los fiscales.

“Tienen la intención de protegerse por completo”, dijo Christine Wade, una politóloga con enfoque en Centroamérica, en el Washington College, sobre la élite del país. «Se trata de proteger sus propios intereses».

La primera acusación del Sr. Santos y su equipo, presentada en diciembre de 2017 contra cinco legisladores por robar fondos públicos, se descarriló después de que el Congreso aprobó una ley que trasladó el caso a otro tribunal, eliminando su autoridad para continuar la investigación. Heide Fulton, entonces el principal diplomático de Estados Unidos en Honduras, lo calificó como un «cambio monumental» en la lucha contra la corrupción.

Uno de los políticos que critica la misión de la OEA, el ex presidente de Honduras Porfirio Lobo, dijo que ha violado la constitución del país al crear jueces especiales para escuchar los casos de Santos. Sin proporcionar evidencia, acusó a los fiscales de estar demasiado celosos y motivados políticamente, ya que han acusado a miembros de su familia, incluida su esposa, pero no han acusado a miembros del círculo íntimo del presidente Juan Orlando Hernández.

“Hay un pacto de impunidad para no tocar al presidente Hernández”, dijo el Sr. Lobo, un ex aliado convertido en crítico de su sucesor. «Tiene que haber respeto por nuestra constitución y leyes”.

El Sr. Santos y la misión de la OEA negaron proteger al Sr. Hernández ni a nadie.

La ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo fue encarcelada el año pasado por acusaciones de robo de fondos públicos, lo que ella niega.

La esposa del Sr. Lobo, la ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo, fue encarcelada el año pasado por acusaciones de robo de fondos públicos. Todavía está a la espera de una decisión judicial por cargos de lavado de dinero, fraude y malversación de fondos. A través de su abogado, la Sra. Bonilla negó todos los cargos.

Santos niega que sus investigaciones tengan motivaciones políticas. El 31 de julio, su oficina solicitó la incautación de bienes de una empresa que, según los fiscales, es propiedad de la esposa del presidente, la primera dama, Ana García de Hernández. La Sra. Hernández, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios, dijo que dejó la empresa hace años y que no tiene conocimiento de sus actividades.

Los fiscales estadounidenses están investigando tanto a Lobo como a Hernández por presuntamente conspirar para proteger a los narcotraficantes a cambio de donaciones de campaña, según un documento judicial publicado el 2 de agosto. Ambos hombres niegan las acusaciones y no han sido acusados.

El Sr. Santos ha presentado 12 casos que acusan a docenas de personas poderosas, que según los expertos habrían sido desconocidos aquí hace unos años. Los fiscales están investigando un caso relacionado con la malversación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales establecidas por políticos que podrían involucrar a unos 360 legisladores actuales y anteriores.

Call, profesor de la Universidad de Estados Unidos, dijo que el equipo de fiscales investigó los casos rápidamente y llevó a juicio más rápido que su contraparte en Guatemala.

El Sr. Santos se hizo un nombre como fiscal hace más de una década al investigar el robo en San Pedro Sula, una ciudad con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2008, dos hombres le dispararon a corta distancia mientras llevaba a su hijo de 4 años a jugar al fútbol, ​​en un intento de golpe que, según él, era una retribución por un enjuiciamiento.

“Sus manos no temblaron”, dijo sobre sus posibles asesinos. Perdió un riñón como resultado del ataque y pasó los siguientes cuatro años en España recibiendo tratamiento médico antes de regresar a Honduras y su trabajo como fiscal.

Dijo que su esposa apoya su trabajo, pero su familia hace sacrificios. Trabaja largas horas y rara vez sale en público con su familia, excepto en lugares donde hay seguridad, como centros comerciales.

“Nuestra vida no es la misma que la de otras personas”, dijo. “Me gustaría caminar libremente en las calles como otras personas, pero no podemos hacer eso”. Wall Street Journal/

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