Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
Tegucigalpa, Honduras
No hay discusión: El paquete de medidas fiscales tendrá severas consecuencias sobre las posibilidades económicas de las clases mayoritarias del país.
Las autoridades del Gobierno, en comunión con los funcionarios que se preparan para tomar el poder del país a finales de este mes insisten en que la Ley de Reordenamiento Fiscal, Revisión de Exoneraciones y Medidas Anti-evasión era absolutamente necesario, porque el país se encaminaba a “tocar fondo” en materia fiscal.
Se ha enfatizado en que a la par de la ampliación de tributos y de la creación de nuevas cargas, se provocará un derrame de beneficios sociales compensatorios para los grupos más necesitados.
No obstante, vastos sectores de la opinión pública, calculan que el nuevo ajuste provocará que cien mil hondureños más engrosen las filas de pobres y que se produzca una aguda e imparable espiral inflacionaria.
Son muy pocos los sectores que le dan crédito a las afirmaciones de los promotores del paquete en el sentido que ese conjunto de medidas No golpearán a los más pobres.
Un hecho significativo es que aún y cuando los padres de la Ley de Reordenamiento Fiscal intentan convencer a la masa que la misma No convertirá a Honduras en un país más pobre y miserable, Sí existe un reconocimiento expreso de que ya se acabaron los espacios para imponer más “ajustes”.
Y los empresarios agregan una advertencia central: Los inversionistas y la clase medida ya llegaron al límite de su capacidad de resistencia para sostener la aplicación sistemática de paquetes fiscales.
Con ello, los representantes de la iniciativa privada tratan de dejar bien claro que ésta es la última oportunidad que tienen los políticos para enderezar el rumbo de las finanzas, definir mecanismos de disciplina fiscal, aliviar la carga del aparato gubernamental y garantizar que el sacrificio de los hondureños tenga respuestas efectivas.
Las proyecciones oficiales indican que la Ley de Reordenamiento Fiscal, Revisión de las Exoneraciones y Medidas Anti-evasión, produzcan un rendimiento de poco más de 12,000 millones de lempiras.
Únicamente por la vía del alza en el impuesto de consumo de los combustibles, el Estado recibirá alrededor de 2,300 millones de lempiras, pero se prevé que el alza en el costo de los derivados del petróleo será un detonante para una espiral inflacionaria sin precedentes.
Esto se explica, porque el valor de los bienes de consumo y de los servicios serán presionados por el alza de tres puntos en el Impuesto sobre Ventas, la subida del 15 por ciento en el consumo de energía eléctrica, el incremento en las tarifas de televisión por cable y telefonía móvil, aparte del grosero encarecimiento de los derivados del petróleo.
La gestión Hernández Alvarado está obligada a hacer que los indicadores de las finanzas calcen efectivamente con el rendimiento del paquete fiscal y con la ejecución de un presupuesto racional, balanceado y correspondiente con la caótica realidad nacional.
Los expertos señalan que el Gobierno electo para el período 2014-2018, recibirá una deuda pública cercana a los ocho mil millones de lempiras y el compromiso de realizar el pago de 20,000 millones de lempiras en concepto de servicio de esa inflada cuenta.
La herencia abarca, asimismo, un déficit fiscal; es decir, un desbalance entre ingresos y egresos que sobrepasa los 23,000 millones de lempiras y un pobre rendimiento de las recaudaciones fiscales que el año pasado mostraron un desfase de alrededor de cuatro mil millones de lempiras.
En conferencia de prensa, el presidente electo, Juan Orlando Hernández, dijo confiar en que el Congreso Nacional apruebe a la brevedad un Presupuesto General que permita proveer de por lo menos cuatro mil millones de lempiras anuales para la atención de renglones prioritarios.
En los últimos cuatro años, el plan de ingresos y egresos de la administración central subió de 68,000 millones de lempiras en 2010 a 75,000 millones de lempiras en 2011. Y pasó de 79,000 millones de lempiras en 2012 a 89,000 millones de lempiras en 2013.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer prevalecer la equidad y la justicia en la cuota de sacrificio que le corresponde aportar a cada sector del país para sacar del despeñadero a las finanzas públicas y generar un clima de bienestar general.