El MP investiga la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con parientes del alcalde Roberto Contreras
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El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha iniciado una serie de inspecciones y decomisos de información en las oficinas de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.
Estas acciones se enmarcan en una investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras para el mejoramiento de la red vial, tanto pavimentada como no pavimentada, en la ciudad industrial del país.
Los hechos bajo investigación están relacionados con recientes denuncias que señalan que la municipalidad otorgó contratos a empresas constructoras presuntamente vinculadas con familiares del alcalde municipal.
Entre los contratos investigados, se incluye uno relevante relacionado con la empresa SULAMBIENTE, responsable de la recolección de basura, barrido de calles, corte y poda de parques y bulevares, y manejo de desechos sólidos.
Como parte de las diligencias, se están examinando los procesos de adjudicación de estos contratos para determinar si existieron irregularidades y si estas podrían implicar la comisión de delitos.
Las inspecciones y decomisos de documentación se llevarán a cabo tanto en las oficinas de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula como en las sociedades mercantiles relacionadas con los hechos investigados.
El objetivo de las acciones de los fiscales del circuito anticorrupción es recolectar evidencia que respalde las denuncias ya bajo investigación por ambas dependencias del Ministerio Público.
Toda la información recabada será analizada por los equipos de investigación, que también realizarán otras diligencias con el fin de esclarecer los hechos y combatir cualquier acto de corrupción que perjudique a los habitantes de San Pedro Sula.
Los posibles delitos en los que podrían haber incurrido los funcionarios municipales incluyen fraude, malversación de caudales públicos, y violación de los deberes de los funcionarios, entre otros.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar todos aquellos actos irregulares cometidos en contra del Estado de Honduras y en perjuicio del pueblo hondureño, garantizando que los fondos públicos sean utilizados de manera correcta y transparente.
