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Economistas coinciden que, de no implementar un plan estratégico que ayude a reducir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país, la falta de reformas fiscales e implementar estímulo financiero a favor de la pequeña y mediana empresa (Mipymes), en los próximos meses Honduras contará con una elevada tasa de desempleo, superando los 300 o 500 mil nuevos desempleados a nivel nacional.
Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), detalló que según un estudio realizado por la UNAH en conjunto con el sector privado, entre ellos Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), la cooperación internacional y el proyecto Transformando el Sistema de Mercado; semanas atrás proyectaba que el 28% de las empresas en el país habían logrado algún tipo de suspensión laboral, sin embargo, en la actualidad esta cifra se incrementó entre un 30 y 33%.
“Esto quiere decir que una (1) de cada tres (3) empresas ha hecho algún tipo de acuerdo con sus empleados para suspender la actividad laboral, al comparar los datos estadísticos de la Secretaría de Trabajo; en un inicio se habló de unas 100 mil personas desempleadas, en la actualidad esta cifra rondará las 150 mil, ¿esto qué significa? que si las medidas de confinamiento continúan por un mes más, nuestra proyección nos dice que cerrarían otro tercio más de empresas, es decir, que dentro de un mes Honduras estaría cerrando con más de 300 mil empleos afectados”, agregó el especialista.
Economía hondureña
Alejando Kaffati, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), enfatizó que el impacto económico va a estar directamente relacionado con el tiempo que le tomará al Gobierno de la República tener un pleno control sobre la propagación del COVID-19.
Amplió que según el Banco Mundial y acreedores internacionales como Birf Classes, han estimado que Honduras podría decrecer para finales del 2020 entre -2.3% y -4.4%, y que las consecuencias económicas y sociales en un escenario posterior al COVID-19 no se podrán comparar con otra crisis por las que ha vivido el país, puso como ejemplo la crisis sociopolítica del año 2009 (golpe de Estado) y la crisis financiera que dejó el huracán Mitch en el año 1998.
“En ese sentido, el nivel de desempleo incrementaría significativamente casi a un 100% en comparación al 2019, donde la tasa de desempleo abierto en Honduras fue de un 5.8%, este porcentaje representaba alrededor 240 mil personas desempleadas. Con lo que estamos viviendo ante el COVID-19, en el país estamos viendo que muy probablemente esta cifra se podría duplicar, cerca de 500 mil personas, con mayor impacto en los empleos informales, que son aquellas personas que trabajan al día, quienes representan cerca del 80% de la población económica activa y cerca del 70% del total de la economía nacional, estamos hablando que las consecuencias económicas serán devastadoras, agudizando los niveles de pobreza y pobreza extrema”, enfatizó Kaffati
Acciones
El director del IIES señaló que, para evitar estos escenarios desfavorables para la población hondureña, urge reforzar las medidas implementadas por el Gobierno dirigidas a proteger a las Mipymes, ya que estas acciones aún no son suficientes, en ese sentido planteó la necesidad de ampliar el fondo de garantías,
“Es un mecanismo que es acertado y que fue propuesto por la UNAH, la dificultad está en la cantidad de recursos de los cuales se ha dotado el fondo, consideramos que no son suficientes si uno lo compara con la magnitud del problema y el impacto que ha tenido para este sector empresarial; por lo que como IIES, consideramos que debería contar con el doble de recursos financieros”, indicó Matamoros.
Otra de las propuesta del IIES es la necesidad de impulsar una reforma integral crediticia que permita cambiar y revisar la normativa, con el objetivo de poder modificar algún tipo de condiciones que este momento limita a los bancos y poder flexibilizar requisitos de crédito hacia las empresas.
Otros aspectos
Según Kaffati, para evitar el cierre de empresas el Estado de Honduras tiene que garantizar una reducción de los costos fijos, para ello se debe exonerar al menos por dos meses el pago de los servicios públicos, pago del recibo de la energía eléctrica, del servicio de agua, telefonía… además debe crear condiciones para incentivar el consumo y la inversión.
“Como Fosdeh, creemos que una reducción del Impuesto Sobre la Venta (ISV) del 15% al 12% va a ser significativo, además, el Estado de Honduras debe prolongar el pago de impuestos sobre la renta, principalmente del ejercicio fiscal 2018, para que las empresas tengan los ingresos necesarios para hacer frente al tema de sueldos y salarios de cara a los meses de confinamiento obligatorio”, indicó el economista de esta organización no gubernamental.
Agregó que otras de las acciones es garantizar las transferencias fiscales temporales a las Mipymes y hogares para poder dinamizar la economía nacional, y que de lo contrario estaríamos a las puertas de una catástrofe económica, con el cierre de múltiples empresas.
Reapertura de la economía
Para Matamoros, si bien es cierto es necesaria la reapertura de la economía en Honduras, primero se debe actuar responsablemente preparando tanto a las empresas como empleadores sobre la implementación de todas las medidas de bioseguridad ante el COVID-19, y la implementación de controles, ya que de lo contrario sería retroceso a los resultados obtenidos de la contención de la pandemia en Honduras (menos contagiados).
“Las condiciones que debe existir son las que la UNAH ya ha planteado, en realidad es necesario incrementar significativamente el número de las pruebas PCR diarias a nivel nacional, que según los análisis de la UNAH deberán ser al menos de 500 pruebas moleculares diarias y levantadas mediante un sistema de muestreo que permita tener un panorama más claro de la situación en términos sanitarios en este país. Ante el regreso de las operaciones económicas, los protocolos deben ser muy estrictos, supervisados por el Gobierno y con el compromiso del sector privado de cumplirlos; una vez asegurado este paso, la economía debería comenzar a regresar a la normalidad”, dijo el director del IIES.
En esa misma sintonía, Kaffati concuerda con Matamoros, ya que efectivamente el Estado de Honduras debe tener la certeza de qué tan grave es el coronavirus en todo el territorio nacional, previo a hablar de la reactivación económica, y para ello la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), para contar con datos estadística precisos, deben haber cumplido con al menos la aplicación de más de 300 mil pruebas de PCR en personas entre las edades de 15 a 64 años.
“De lo contrario no se puede hablar en este momento de una reapertura de la actividad económica. Además, este proceso debe hacerlo paulatinamente por sectores y zona, siendo aquellos sectores que presenten el menor caso de contagiados de COVID-19 que se aperturen primero, sin perjuicio de aquellos que son esenciales para la economía nacional, como el sector de agroalimentos, que es vital para el día a día de los hogares, además, se debe garantizar que es seguro tanto para las empresas y los ciudadanos, y de esta manera poder reactivar la economía nacional”, dijo el economista.
