Continúan denuncias de impunidad en caso de Berta Cáceres

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Familiares de la asesinada activista medioambiental hondureña, Berta Cáceres, denuncian que los autores intelectuales del crimen, ocurrido el 2 de marzo de 2016, siguen impunes, y las autoridades de Honduras «no han mostrado voluntad política» para sancionarlos.

La denuncia llegó esta semana, a través de una conferencia en línea con medios de prensa hondureños e internacionales, por parte de los familiares de la activista, así como integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh).

La comitiva, encabezada por la hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga, informó que tras varias suspensiones, en unos días concluirá el juicio contra David Castillo, el exoficial de la inteligencia militar de Honduras, quien fue gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) y habría fungido como «enlace» entre quienes ordenaron la ejecución y los sicarios.

Sin embargo, advirtieron, Castillo «es solo un eslabón de una estructura criminal”, pues señalaron como responsables intelectuales a varios miembros de la familia Atala, accionistas de Desa –compañía hidroeléctrica contra la que luchó Cáceres—, además de una complicidad del Estado que implica a funcionarios de gobierno y de las fuerzas armadas.

“Él no es el autor intelectual y varias de las personas judicializadas han expresado que el problema de mi madre se discutía a nivel de la junta directiva de la empresa (…) No hay voluntad política del Estado de investigar su responsabilidad y participación en el crimen», enfatizó Berta Zúñiga, hija de la ambientalista.

Aseveró que el juicio contra Castillo debe ser la base para descubrir a la “estructura criminal” que asesinó a su madre y sigue violentando a defensores del ambiente y comunidades, incluidos los vínculos con autoridades. En ese juicio, reiniciado tras 19 días de suspensión, los familiares y compañeras de lucha de Berta lograron que el Tribunal garantice a Laura Zúniga, el derecho de víctima a estar presente.

Tras denuncias del Copinh al Tribunal por violentar los derechos legítimos a las víctimas en el proceso, se permitió la participación presencial de Laura Zúniga en el juicio contra el «coautor del asesinato y una pieza clave que conecta con los actores intelectuales», como afirmó Bertha Zúniga, hermana de Laura y actual coordinadora del Copinh.

Camilo Bermúdez, del Copinh, confió en que el proceso judicial demuestre que Castillo «cumplió un rol de enlace entre dos estructuras: una sicarial y otra de toma de decisión (…) La importancia de su participación en esa estructura es lo que se intenta develar para que se pueda seguir avanzando en el crimen, que es la culminación de una cadena de crímenes que inició en 2009 con la constitución de la empresa Desa».

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