Avanza aprobación de nueva Ley de Pesca y Acuicultura

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Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional continuó este martes con la aprobación en tercer y último debate el anteproyecto de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura que posee 125 artículos y que busca reglamentar el uso correcto de los recursos marítimos y acuícolas, así como la territorialidad, y explotación y su sostenibilidad.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha pedido acelerar la aprobación de esta nueva ley pues considera que es muy importante para el país ya que la pesca es una actividad que en un solo rubro genera al país más de 200 millones de dólares por exportaciones y merece todo el apoyo porque la actividad está siendo regulada por una legislación que data de 1959 y se requiere una nueva, adecuada a las situaciones actuales.

La socialización se ha hecho con todos los involucrados, las etnias, pescadores artesanales e industriales, la camaricultura y demás rubros que explotan productos del mar.

La actual normativa es muy vieja, tiene 55 años por lo que se busca que la nueva ley sea la más moderna en la región. Mediante la ley, se crea el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca), donde están representadas varias secretarías de Estado, pescadores y acuicultores artesanales e industriales y los pueblos indígenas y afrohondureños.

La nueva normativa se enmarca en reglamentar el uso correcto de los recursos marítimos y acuícolas, así como la territorialidad, y explotación y su sostenibilidad. Honduras tiene recursos marítimos en el océano Pacífico y el mar Caribe o de la Antillas.

La idea es terminar de aprobar la extensa ley en las sesiones del Congreso Móvil que se realizarán el 18 y 19 de noviembre próximos en la ciudad de Choluteca.

Energía limpia y lavado de activos

Asimismo, en la sesión de este martes se aprobaron en tercer y último debate al menos dos contratos de generación de energía limpia o renovable y en segundo debate, varios proyectos de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica renovable enviados por el Ejecutivo a través de varias dependencias como la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En la sesión de este martes, se conoció el proyecto de ley orientado a reformar la Ley de Promoción de las Alianzas Público Privadas y que tiene como finalidad fortalecer el proceso de aprobación de los proyectos de asociación público privados siendo necesario reformar la ley para establecer la participación de la Secretaría de Finanzas en todo el ciclo de aprobación de los proyectos dotando a ese dependencia de una unidad de inteligencia fiscal para analizar los riesgos de los mismos.

En la sesión de este martes también se aprobaron en segundo debate los 97 artículos que contiene el anteproyecto de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que fue introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista, David Chávez y dictaminado por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana.

Con esta legislación se permitirá enjuiciar a terceras personas que estén involucradas en ese ilícito con penas que van de 15 a 20 años de prisión a quienes incurran en el delito de lavado de activos en los recursos que provengan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro extorsión, financiamiento al terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos.

En el anteproyecto de ley, se endurecen las penas y amplía la lista de delitos. La legislación actual juzga a los ciudadanos que están involucrados directamente en malversar dineros de narcotráfico, caudales públicos, tráfico de personas, estafas o fraudes. La iniciativa complementará a otras leyes, facilitando a los entes impartidores de justicia perseguir, castigar y penalizar el delito a familiares y amigos de los que malversen o laven dinero.

En la legislación se destaca la estrategia de asegurar y decomisar los bienes a terceros, una medida que antes no era utilizada y ahora se perseguirá el lavado de activos proveniente de la corrupción, mala administración, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Las penas en la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos son más severas ya que la ley actual ha dado muy pocos resultados y por eso se busca mejorar. En ese sentido, se contemplan sanciones de 100 a 500 salarios mínimos mensuales más altas de la zona donde se incumpla la ley y los recursos generados por las sanciones firmes será un 60 por ciento para las instituciones administrativas que impusieron la multa y 40 por ciento para la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y deberán ser utilizados exclusivamente para fortalecer los procesos de prevención, detención y supervisión de los delitos tipificados en esta ley y en la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo.

Con la nueva normativa se busca darle un golpe duro a las organizaciones de delincuentes, crimen organizado y narcotráfico y un elemento valioso es que con esta se perseguirá a quienes tengan bienes que provengan de ilícitos.

Asimismo, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, para monitorear movimientos financieros y creación de empresas, será una unidad muy técnica que estará permanentemente vigilando transacciones atípicas que podrían tener personas naturales y jurídicas. Asimismo, se crea la figura del agente encubierto.

Las reformas a la ley fueron consensuadas con sectores involucrados en el combate al delito del narcotráfico, como el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Comercio electrónico

Asimismo, se aprobó en primer debate un proyecto de decreto dictaminado por la comisión de legislación y asuntos constitucionales varios artículos del anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico con lo que se vendrá a facilitar la creación de negocios a más bajo costo, mismo que fue introducido a la Cámara Legislativa por el diputado nacionalista por Atlántida, Rodolfo Irías Navas y que coincide con otra iniciativa similar presentada por el diputado de Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón y dictaminada por la comisión ordinaria de legislación y asuntos constitucionales.

Mediante ese decreto, se busca incentivar la generación de microempresas porque la normativa permitirá la creación de negocios a más bajos costos y regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales.

Otro de los beneficios es que los microempresarios ya no tendrán que alquilar local, pagar seguridad, gastos de energía eléctrica, poner rótulo, impuestos municipales y de empleados, entre otros porque ahora con el comercio electrónico podrán vender productos en línea.

Actualmente no hay ninguna ley que permita el comercio electrónico en Honduras y quien lo hace solo puede recibir pagos mediante depósitos en cuenta de ahorro o abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos.

El comercio electrónico permitirá las compras con tarjetas de crédito a una página de Internet, sin necesidad de salir de la casa, algo que en la actualidad no se puede hacer. Ningún banco presta el servicio de captura de pagos en línea con tarjetas de crédito.

Los miembros de la comisión de dictamen coinciden que la iniciativa está orientada a reactivar la economía, impulsar nuevos negocios y nuevos empleos.

Primer debate

Asimismo, en la sesión de este martes, se aprobó en primer debate, una iniciativa de ley dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad y previsión ciudadana, orientada a reformar los artículos 237 y 331 del Código Procesal Penal con el fin de proteger al testigo cuando se aprecie fundamento racional de que existe peligro grave para una persona, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o compañero de hogar para los que determinar medidas de protección.

Se establece la utilización la Cámara de Gesell que es una herramienta es usada para que niños y mujeres, víctimas de delitos sexuales, brinden su declaración una sola vez. La entrevista se usará como prueba anticipada.

Con la Cámara de Gesell lo que se busca es el fortalecimiento de la justicia sin revictimizar al sobreviviente de un delito. La cámara es una herramienta con la que cuenta la justicia para obtener el testimonio de menores de edad víctimas de delitos sexuales.

Los interrogatorios son guiados por profesionales. Las partes siguen la diligencia detrás de una pared de vidrio.

Otro anteproyecto de decreto que pasó en primer debate es el dictaminó la comisión ordinaria de seguridad y previsión ciudadana e introducida a la Cámara por el diputado nacionalista por Francisco Morazán, Nelson Abdalah, tendiente a establecer el uso obligatorio de la banda reflectora o cualquier otro distintivo reflectivo de color anaranjado, rojo y blanco para los conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos o tres ruedas y motor fijo o agregado como motocicletas, motonetas, bicimotos, bicicletas y similares, para lo cual se modificará el artículo 99 de la Ley de Tránsito.

Pasó en primer debate también el anteproyecto de ley presentado por el diputado nacionalista por Choluteca Marcos Velásquez y dictaminado por la comisión de seguridad, orientado a reformar los artículos 43, 77, 119, 122, 123, 124 y 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional donde se le da la potestad al director general de esa institución solicitar al ministro de Seguridad la cancelación del acuerdo de nombramiento de todo miembro de la carrera policial por cualquier tiempo de servicio cuando se considere que el desempeño tiene falta de idoneidad, conducta inapropiada y manifestarse fuera de la cadena de mando, antes de agotar el procedimiento administrativo interno de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad, sin perjuicio de lo que establece la ley, que afecte la protección social individual y colectiva de la población, asimismo, la función institucional de proteger y servir deteriorando la imagen de la institución.

Asimismo, se refiere a las sanciones que incluyen hasta tres salarios mínimos legalmente establecidos en su valor más alto deducible del sueldo del infractor para las faltas menores graves y la pérdida temporal del derecho de ascenso aplicable en el caso de faltas graves y despido cuando se determine que la falta en perjudicial para los intereses de la institución o la ciudadanía.

Se añaden como faltas menos graves, uso del celular cuando se encuentre en servicio policial, el consumo de cigarrillos en horas laborables y faltas graves, relacionarse con personas relacionadas a actividades ilícitas, salvo los casos autorizados por los protocolos institucionales con fines investigativos, no realizar dentro del término de la ley las diligencias administrativas correspondientes para aplicar sanciones que se le impongan a los miembros de la carrera policial, amenazas a un miembro de la Policía sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, sanciones que aplicarán mediante una comisión de honor.

También se aprobó el proyecto de decreto dictaminado por la comisión de ética y transparencia e introducido por el diputado Walter Chávez, orientado a conceder al historiador Darío González Cáceres, un pergamino y medalla de oro del Congreso Nacional como reconocimiento a su trayectoria al servicio de Honduras, su cultura y su memoria histórica.

Asimismo, se aprobaron en primer debate varios proyectos para el mantenimiento, bacheo y supervisión de tramos carreteros en el occidente del país, principalmente en los departamentos de Santa Bárbara y Copán.

La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, suspendió la sesión y convocó a una reunión este miércoles a las 2:00 de la tarde.

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