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La audiencia inicial contra el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el exadministrador de la entidad, Alex Moraes, por el caso de la compra irregular de los hospitales móviles fue suspendida y tendrá su reanudación el próximo lunes en el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Mientras tanto, ambos fueron trasladados, nuevamente, hacia el Primer Batallón de Infantería ubicado en Francisco Morazán, dónde permanecerán recluidos en tanto dure el proceso de audiencia inicial.
Bográn y Moraes fueron acusados por la Fiscalía por presuntos delitos de
abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude, por la supuesta adquisición sobrevalorada de los sanatorios para pacientes con covid.
La estructuras hospitalarias fueron compradas por 47 millones de dólares, unos 1,200 millones de lempiras entre marzo y abril de 2020, pero de acuerdo a informes del Consejo Nacional Anticorrupción, el Estado perdió unos 800 millones por que el precio fue inflado.
El Ministerio Público consignó la sobrevaloración en la acusación, pero no detalló valores.
De igual manera, de acuerdo al requerimiento fiscal, los módulos no reúnen los requisitos para atender afectados por esa patología y, además, cuentan con equipos usados o en mal estado.
En la audiencia inicial, en la cual se formalizan los cargos, se debe resolver si se les dicta auto de formal procesamiento contra los imputados o se les dicta sobreseimiento.
Formalización de cargos
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que “en el desarrollo de la audiencia inicial se ha confirmado la acusación y se ha formalizado el hecho contra Marco Brogran y Alex Moraes. Se ratificó la acusación por dos delitos de fraude por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios”.
Además agregó, “se ha informado que ambos funcionarios habrían omitido laey de contratación del Estado, se omitió las razones de supuesto al no notificar al Consejo Consultivo de Invest-H suscribiendo los dos contratos a través de las dos órdenes de compra para esos hospitales móviles”.
En este caso de igual forma está acusado Axel Gamaliel López Guzmán, propietario de la empresa HospitalesMoviles.com que vendió los sanatorio, por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración público. López, que tiene nacionalidad guatemalteca y estadounidense, se encuentra prófugo, por lo que la Fiscalía solicitó su extradición al gobierno norteamericano.
De los 7 hospitales móviles, solo uno, el de San Pedro Sula, Cortés, se encuentra funcionando, mientras que el de Tegucigalpa, Francisco Morazán, es usado para cirugías. Los otros cinco no han sido instalados.
