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El Congreso peruano se prepara para debatir durante esta tarde si acepta la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski mientras un juez estaba atento a esa decisión legislativa para luego analizar un pedido de prohibición de salida del país solicitado por la fiscalía.
El destino de Kuczynski se agravó de forma sorpresiva hace 48 horas, cuando la oposición presentó videos ocultos que mostraban a los aliados del oficialismo ofreciéndole contratos estatales a un opositor a cambio de su voto en contra de un pedido de destitución contra el mandatario.
Los líderes del Parlamento unicameral, controlado por la oposición, empezarán a debatir a las cuatro de la tarde (2100 GMT) y la cita se prolongará por la noche.
Algunos grupos políticos anticiparon que rechazarán la renuncia de Kuczynski y procederán a votar para destituirlo por «incapacidad moral permanente» debido a sus mentiras sobre sus nexos con la firma brasileña Odebrecht durante casi dos décadas, incluso cuando fue un funcionario clave en otra gestión.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que junto a un equipo especial investiga la corrupción local de Odebrecht, presentó el jueves un pedido al juez Juan Sánchez para que prohíba la salida del país a Kuczynski. El juez explicó en una resolución que debe esperar que Kuczynski deje la presidencia porque un mandatario en funciones, según la ley peruana, está protegido de ser investigado o procesado.
La fiscalía investiga los pagos de Odebrecht a empresas ligadas a Kuczynski que recibieron pagos antes de que asumiera la presidencia en 2016.
En el año 2000, el Parlamento rechazó la renuncia del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) luego de que huyera a Japón y dimitiera desde ese país tras una década de gobierno marcado por graves violaciones a los derechos humanos. En su lugar los parlamentarios lo destituyeron por «incapacidad moral permanente».
Perú vive una de sus peores crisis políticas en su historia reciente como consecuencia de los escándalos de corrupción desatados por los sobornos que la firma brasileña Odebrecht admitió haber pagado en la región.