Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
Con 23 votos a favor y tres en contra el Senado dominicano aprobó el martes en segunda instancia el Proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana, pero evadió incluir las causales sobre el aborto, informaron fuentes cercanas al legislativo.
El documento, presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano, “regula nuevos tipos penales, reformando de manera integral el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad”, destacaron medios locales.
La iniciativa establece nuevos cargos penales y conjuntos de penas, castigando de forma ejemplarizante el genocidio, el feminicidio, el sicarito y los daños con sustancias químicas, con penas que van desde los 30 a los 40 años de privación de libertas, mientras que los conjuntos de penas no excederán los 60 años de prisión.
También como parte de las modificaciones se encuentra el castigo al hostigamiento o bulling con medidas socioeducativas, prisión menor y multas. La prisión mayor se reserva para los adultos reincidentes.
Asimismo, la violencia de género será condenada con pena mayor por provocar daño físico, sexual o psicológico a una persona a través de la fuerza física o la violencia económica, patrimonial, psicológica o verbal.
No obstante, el legislativo evadió una vez más incluir en la propuesta las tres causales que permiten interrumpir legalmente un embarazo cuando existen agravantes como malformación del feto, violencia sexual confirmada o cuando peligre la vida de la gestante.
Según organizaciones de derechos humanos y grupos feministas, estas tres causales que permitirían coadyuvar a la salud de las mujeres tienen divididos a los legisladores y a gran parte de la sociedad. De hecho, trascendió que las causales pueden ser eliminadas de la propuesta para su aprobación.
Los senadores aprobaron también el Proyecto de Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad, propuesto por la senadora Faride Raful, para fortalecer las normativas de gestión de seguridad informática de las infraestructuras de información y telecomunicaciones de la administración pública y de las infraestructuras críticas de Estado.
