Presidente del Colegio de Abogados de Honduras critica uso excesivo de estados de excepción

Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, ha expresado su preocupación por la reciente tendencia del gobierno a recurrir a estados de excepción como respuesta a la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

Desde diciembre de 2022, se han sumado 12 ampliaciones del estado de excepción, y el ministro de Seguridad adelantó que continuarán extendiéndolo. Solórzano subrayó que, aunque el país enfrenta una situación grave en materia de seguridad, depender continuamente de estas medidas excepcionales no es una solución viable a largo plazo.

“No podemos vivir bajo un estado de excepción permanente. Si bien es cierto que enfrentamos una grave situación de criminalidad, debemos tomar medidas de largo plazo a través de una estrategia de seguridad bien definida”, afirmó Solórzano.

Solórzano señaló que recurrir frecuentemente a los estados de excepción refleja una falta de un plan de seguridad coherente. Además, advirtió que el uso prolongado de estos estados puede llevar a la violación de derechos humanos, ya que implican la suspensión de garantías ciudadanas.

“He escuchado casos alarmantes donde se realizan allanamientos sin orden judicial, invadiendo viviendas y actuando como si nada hubiera pasado. Esto no puede ser tolerado, ya que todos los hondureños necesitamos certeza jurídica”, enfatizó.

El presidente del Colegio de Abogados hizo un llamado a las autoridades para que presenten un verdadero plan de seguridad para lo que resta del gobierno y dejen de lado las medidas excepcionales, reservándolas solo para situaciones extremas. “No podemos vivir bajo una restricción permanente de nuestros derechos y garantías ciudadanas”, insistió.

En cuanto a la lucha contra la extorsión, Solórzano recomendó medidas más efectivas, argumentando que la extorsión debería ser tratada como un delito de orden público, en lugar de depender de la denuncia de la víctima, que muchas veces teme por su seguridad.

“Muchas veces, las personas detenidas en flagrancia son liberadas porque las víctimas no presentan la denuncia por miedo. Es necesario que las autoridades tomen acciones efectivas sin depender de la denuncia de la víctima”, explicó.

Solórzano subrayó la necesidad de una estrategia bien organizada y planificada para abordar los diversos delitos en Honduras, incluyendo la extorsión y los femicidios, cada uno con sus necesidades diferenciadas. “Debemos tener un plan estructurado en el sistema de justicia en general para combatir eficazmente la criminalidad y garantizar la seguridad de los hondureños”, finalizó.