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El juez natural designado, Reinaldo Hernández, convocó a las partes procesales el próximo jueves 12 de enero, a las 10:00 de la mañana, para el desarrollo de la audiencia de notificación de resolución dictada por la Corte de Apelaciones designada.
Por unanimidad de votos, la corte en mención archivó el expediente del caso “Arca Abierta”, por falta de acción.
En esta causa, la Fiscalía acusó a varios exfuncionarios, exparlamentarios y congresistas, entre ellos, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos. Además, todos tienen un auto de formal procesamiento con medidas en su contra.
De igual manera, se encuentran en el proceso judicial Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín, por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
La notificación que hará el juez designado se deriva luego que la Corte de Apelaciones declarara específicamente ha lugar con efecto extensivo el recurso de apelación presentado por los abogados defensores de los encausados, por la concurrencia de falta de acción, en vista que la causa criminal no puede proseguirse conforme a los artículos 46, numeral dos del Código Procesal Penal.
Dicho artículo se relaciona con los artículos dos y 16 de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
En esa misma resolución la Corte de Apelaciones declara la concurrencia del principio de prejudicialidad al ser el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) quien debe emitir resolución definitiva de la auditoría e investigación especial.
Por lo anterior, se ordena “bajo nuestra propia motivación, el archivo de las presentes diligencias y manda al juez de Letras Natural designado, proceda a revocar las medidas cautelares impuestas a los acusados a efecto de que se acate lo mandado”.
En tal sentido, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente resolución a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Justicia de origen, con certificación de esta resolución, para los efectos legales correspondientes.
En el caso Arca Abierta, la Fiscalía señalaba que al menos 21 millones 100,000 lempiras, provenientes de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional, se utilizaron para fines personales y no para labores de beneficio social.
Según el ente fiscal, los señalados solicitaron fondos a las instituciones estatales para ser utilizados a través de la Organización No Gubernamental, Planeta Verde, supuestamente para llevar actividades que mejorarían las condiciones de vida en diferentes municipios del país.
