Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) y la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia (DNII) inician diligencias para determinar la responsabilidad penal en contra nueve propietarios de farmacias, supermercados y ferreterías, entre otros.
Lo anterior, por comercializar productos de higienización para prevenir la pandemia Covid-19 con valores superiores a los establecido en el Acuerdo Ministerial 030-2020.
Todos estos casos inician en una fase de investigación por suponerlos responsables del delito de acaparamiento en perjuicio de la población del Estado de Honduras y los derechos de los consumidores.
De acuerdo a La Ley de Protección al Consumidor en su artículo 95 refiere que se sancionará a la privación de libertad de uno a cinco años en los casos que “acapare o especule con bienes esenciales para el consumo o la salud, con el propósito de desabastecer o provocar el alza de su precio”.
Cabe destacar, que la Fiscalía del Consumidor de Tegucigalpa ha ejecutado desde que inició la crisis epidemiológica del coronavirus, 140 inspecciones entre las cuales 15 comercios han sido citados para iniciar procesos administrativos por parte de las autoridades correspondientes; ahora se analiza la vía penal.
