Medidas de excepción moderadas acompañadas de garantías plantea comisionado de Naciones Unidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, recomendó medidas de excepción moderadas acompañadas de garantías, en referencia al plan integral contra la extorsión que desarrolla la Secretaría de Seguridad en barrios y colonias.

Los Estados miembros del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), del que Honduras forma parte, fijaron acuerdos a fin de fortalecer las instituciones nacionales y locales, para entablar diálogos y busca acciones en favor de las personas desplazadas a causa de la violencia tanto de Honduras como de la región.

Además, en la V reunión cada uno de los países miembros, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá destacaron sus logros en favor de la consolidación de sus sistemas de asilo, generación de nuevas políticas nacionales y locales para prevenir, abordar y responder al desplazamiento forzado.

Además, se enfatizó la búsqueda de mecanismos para seguir movilizando recursos económicos, técnicos y materiales en apoyo a más de 1.3 millones de personas forzadas a huir en Centroamérica y México.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi que presidió esta reunión, conversó con LA TRIBUNA acerca de la situación actual del desplazamiento forzado a nivel regional y emitió recomendaciones, así como la percepción acerca del plan integral en combate a la extorsión, una de las causas por la que los hondureños huyen del país.

Grandi manifestó que en el caso de Honduras es necesario que el gobierno fortalezca las instituciones para tener una relación directa con las comunidades a fin de frenar la violencia es la causa principal del desplazamiento forzado interno y externo en Honduras y en la región.

“Lo primero es entender que el desplazamiento en Honduras toma muchas formas diferentes, hay desplazamiento interno causado por violencia, son más de 267 mil personas desplazadas, de acuerdo a lo manifestado por el gobierno”.

“Es importante definir el marco de lo que significa el desplazamiento para Honduras, entenderlo, es país de tránsito y a veces también de destino para miles de personas que viven en otros países de la región, hay muchas cosas que se pueden hacer”, indicó.

Continuó que “el gobierno debe fortalecer las instituciones, especialmente las que están en relación directa con la comunidad, hay una falta de presencia que es muy visible, y el gobierno está de acuerdo, necesita tiempo para construirla, para mí es importante”.

Filippo Grandi recordó una situación que vivió durante su visita a Honduras en el 2017. “Pudimos ir a la comunidad, sin ningún coche de las Naciones Unidas, porque era tan peligroso, no hablo de Estado, viajamos en el vehículo del cura, que era el aceptado por el crimen organizado para transitar por esa zona, además se les pidió permiso para que yo pudiera hablar con la comunidad, yo espero que haya progreso en esta situación, no es fácil, pero creo que es una prioridad absoluta para luchar contra la violencia, así como el desplazamiento causado por la violencia”.

“PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN”

Con relación a la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente que se discute en el Congreso Nacional, el entrevistado precisó que “tenemos una visión común con el gobierno, acerca de lo que se debe hacer, hay una ley que se discute en el Congreso Nacional, que es la Ley de Desplazamiento, espero que sea aprobada lo más rápidamente posible, con recursos substanciales para poder hacer todo lo que la ley establezca”.

La fuente también recordó una reunión sostenida en Choloma, Cortés, con jóvenes y mujeres involucradas en apoyo a la comunidad.

“Cuando les consulté sobre el mensaje principal que ellos querían que yo les transmita al gobierno, me respondieron que la aprobación de la Ley, porque va a brindar un marco legal para la protección de las mujeres, la atención a los desplazados y víctimas de la violencia”.

Asimismo, afirmó que “tenemos una visión común con el gobierno, sin embargo, considero que es necesaria la aprobación de la Ley de Desplazamiento”.

Destacó avances en el modelo que se implementa en México para frenar el desplazamiento, país que recibe muchas personas, solicitudes de asilo son los más altos en el mundo, muchas personas entran a ese país para ir a los Estados Unidos.

“Hace cinco años comenzamos a trabajar con ellos, para crear oportunidades labores para solicitantes de asilo que provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen potencial, sí podemos brindar oportunidades, no hay la necesidad de continuar sus peligrosos viajes hacia la frontera sur de los Estados Unidos”.

Hemos desarrollado proyectos muy interesantes, trabajamos con empresas que necesitan emplear personas, aceptaron emplear a solicitantes de asilos, más de 50 mil personas fueron acogidas de esta manera, que es muy sostenible mucho más que dar asistencia humanitaria, es un modelo de integración para los solicitantes de asilo que benefician con presencia laboral para la economía local y para el Estado.

Otro ejemplo es lo que impulsa Colombia con los venezolanos que regularizó a más de dos millones de personas que significa que pueden trabajar, tener acceso legal a los servicios, ser documentados, es un ejemplo de acogida organizada y humanitaria a largo plazo, ahora Ecuador lo está siguiendo.