Mauricio Rivera solicita prohibir el uso de equipos de comunicación de instituciones públicas en campañas políticas

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El congresista oficialista Mauricio Rivera ha levantado una solicitud para que se imponga una prohibición estricta sobre el uso de los equipos de comunicación de las instituciones públicas en actividades relacionadas con campañas políticas. Este llamado surge en medio de preocupaciones éticas y legales sobre el potencial uso indebido de recursos estatales para favorecer a precandidatos del Partido Libertad y Refundación (Libre).

A través de su cuenta en una red social, Rivera argumentó la necesidad de preservar la integridad del sistema político y evitar cualquier tipo de manipulación o ventaja indebida durante los procesos electorales. En su mensaje, destacó que es inapropiado y contrario a principios éticos que los precandidatos de Libre hagan uso de los departamentos de comunicación de las instituciones públicas para promover sus agendas políticas.

Este llamado se produce en un contexto donde la administración de Xiomara Castro ha establecido una política clara respecto a la participación de los funcionarios públicos en actividades políticas. La presidenta ha instado a aquellos que aspiren a cargos de elección popular a renunciar a sus funciones en el gobierno.

Un ejemplo reciente de esta medida es la renuncia de Rixi Moncada, quien dejó su cargo como ministra de Finanzas a principios de año para postularse como precandidata presidencial por el partido Libre. Además, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, ha advertido que los funcionarios públicos que continúen participando en campañas políticas sin renunciar podrían enfrentar destitución.

La iniciativa de Rivera subraya la importancia de garantizar la imparcialidad y transparencia en los procesos electorales, así como el respeto por las normativas que regulan el uso de los recursos públicos en actividades políticas. Su llamado busca fortalecer la integridad del sistema democrático hondureño y evitar cualquier forma de abuso de poder que pueda comprometer la legitimidad de las elecciones.

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