Las rotaciones en las salas de la CSJ, demuestran la falta de voluntad política en el país
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La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) ha emitido hoy un comunicado en el que expresa su preocupación por las recientes rotaciones de magistrados en las salas que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras.
Esta acción, según la RDD, evidencia una vez más la falta de voluntad política y la ambivalencia de la clase política hondureña, en detrimento de la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana.
La controversia surgió tras la comunicación unilateral de la abogada Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la CSJ, sobre la rotación de las coordinaciones de las salas, imponiendo su posición sobre una votación que debió realizarse en el pleno de la institución.
La RDD destaca que el respeto a la institucionalidad y la legalidad deben prevalecer sobre las decisiones políticas para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en el país.
La coalición, que representa a diversos sectores de la sociedad civil hondureña, hace hincapié en varios puntos clave:
- La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia. La interferencia política en la selección de los miembros de la Corte Suprema pone en peligro esta independencia y socava la confianza en las instituciones democráticas.
- Se lamenta la falta de voluntad y la ambivalencia de la máxima autoridad de la CSJ. Estas acciones políticas debilitan el Estado de Derecho y el acceso a la justicia, en lugar de fortalecer los mecanismos democráticos internos del Poder Judicial.
- Las imposiciones que desafían lo establecido en la ley y los reglamentos hondureños contribuyen negativamente a las evaluaciones internacionales sobre el país, como el Índice de Democracia, donde Honduras es calificado como un «régimen híbrido», siendo superado únicamente por Nicaragua en la región.
- Se insta a las autoridades del Poder Judicial a reflexionar sobre su papel en el fortalecimiento de la democracia y a actuar con responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de sus funciones y la ley en beneficio del pueblo hondureño.
La RDD hace un llamado a las autoridades y actores políticos a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones y a tomar medidas concretas para preservar la integridad del sistema judicial y fortalecer el Estado de Derecho en Honduras.
Además, solicita la convocatoria inmediata del pleno de magistrados para abordar esta situación y restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
