Inician diálogo para establecer una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Materia Ambiental en el país
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En una iniciativa conjunta liderada por la Presidenta del Poder Judicial, Magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y diversos representantes institucionales han dado inicio a un diálogo de alto nivel con el objetivo de establecer una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Materia Ambiental.
Durante una jornada de trabajo que contó con la participación de representantes de distintas instituciones estatales, como la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia y de Recursos Naturales y Ambiente, el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP) y las Comisiones de Medio Ambiente y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Poder Legislativo.
Así como de la Fiscalía General y de la Procuraduría General de la República (PGR), se llevó a cabo un conversatorio abierto para abordar los desafíos y necesidades en materia de justicia ambiental y territorial.
En este encuentro, la Presidenta Ráquel Obando subrayó la importancia de priorizar la prevención y gestión de conflictos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente en el país.
Enfatizó en la continuidad del diálogo y las acciones para establecer un marco legal que permita la creación de una jurisdicción especializada en estos temas, con un enfoque centrado en los Derechos Humanos.
La Corte Suprema de Justicia ha emprendido diversas acciones y estudios para facilitar la creación de estos mecanismos especializados, incluyendo la revisión de experiencias en otros países de América Latina.
Se han realizado estudios sobre la criminalización de defensores a través del delito de usurpación y se ha contemplado la necesidad de establecer criterios y mecanismos idóneos de concursos, formación y creación de plazas para garantizar una jurisdicción nacional con presencia en tres regiones del país y una Corte de Apelaciones.
Como parte de la implementación del enfoque de Justicia Abierta, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido reuniones con una variedad de actores, incluyendo organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas, y miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de escuchar sus experiencias y comprender el contexto de vulnerabilidad al que se enfrentan.
Este diálogo interinstitucional representa un paso significativo hacia la creación de una jurisdicción especializada que garantice el acceso a la justicia en conflictos relacionados con el medio ambiente, la materia agraria, el patrimonio cultural y el territorio ancestral, fortaleciendo así el estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales en el país.
