Fuerza Armada de El Salvador impide orden judicial de revisión de archivos militares por masacre El Mozote

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Miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) impidieron ayer el ingreso a las autoridades que inspeccionarían los archivos militares en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), en San Salvador, como parte de las diligencias en la investigación de la masacre del Mozote, ocurrida en 1981.

Ni el juez Jorge Guzmán ni sus colaboradores como tampoco los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) pudieron ingresar.

En la entrada del recinto militar les argumentaron que no les permitirían revisar los archivos militares pues no tenían autorización para hacerlo.

En noviembre de 2019 el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que su gobierno brindaría acceso a los archivos militares «de la A a la Z».

Diez meses después, esas palabras no se concretaron en hechos, ya que el alto mando militar negó la entrada para que se inspeccionara los archivos.

«Esto solo es posible por órdenes del alto mando, es decir que aquí hay una responsabilidad del presidente de la República así como también del ministro de Defensa Merino Monroy y de su alto mando», dijo el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales.

Agregó que la denegatoria puede constituir delito. «Esta decisión acarrea eventuales responsabilidades penales, se podría haber incurrido al menos en el delito de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y eventualmente desobediencia a una orden judicial», dijo Morales.

El procurador de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, calificó como algo «lamentable, triste, vergonzoso, un día oscuro» lo sucedido ayer. Dijo además que no se puede continuar en la impunidad y se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad y tengan acceso a la justicia.

Además cuestionó que el ministro de Defensa intentara días atrás, mediante un escrito presentado a la Corte, suspender la diligencia, p petición que fue rechazada. «Ha habido intento de obstaculizar desde la semana anterior esta diligencia que ahora comenzaba. Ese intento se materializó», enfatizó Tobar.

Según la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), se podría iniciar una investigación toda vez que el juez del caso envíe una certificación al Ministerio Público.

«El juez es quien decide , él dirige la diligencia, nosotros acompañamos la diligencia judicial como parte activa, el trámite es si el juez certifica a la fiscalía, en ese momento se inicia una investigación de acuerdo a lo que corresponda», señaló la parte contralora.

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