Estados Unidos anuncia nueva lista de sanciones a funcionarios venezolanos

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El gobierno estadounidense anunció una nueva lista de sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos, Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, como una nueva muestra de presión sobre Caracas, tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que consideran “ilegítima”.

“El presidente Maduro invistió esta Asamblea Nacional Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura, y continúa tensando su control sobre el país”, subrayó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en una nota de prensa.

Mnuchin recalcó que EE. UU. respaldará a los venezolanos “en oposición a la tiranía hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera”.

Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EE. UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Washington incluyera en su “lista negra” internacional al presidente Nicolás Maduro. En total la lista alcanza a 22 funcionarios de su Gobierno. Los últimos ocho vinculados a la Asamblea Constituyente. – –

A ella se suman Francisco Ameliach, exgobernador del estado de Carabobo; Erika Farías, exministra de Agricultura Urbana, y los exfuncionarios Hermann Escarrá, Darío Vivas y Carmen Meléndez.

Todos ellos son miembros de la Constituyente, instaurada esta semana y con la que se busca reescribir la Carta Magna y redefinir el orden institucional en Venezuela.

Oposición en elecciones

La oposición venezolana decidió participar en unas elecciones de gobernadores, con un árbitro al que acusa de articular un fraude a favor de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que motivó nuevas sanciones de Estados Unidos.

“Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales”, señaló este miércoles en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes han sido inhabilitados para postularse.

Lea: Venezuela protestó ante embajadores de países que suscribieron condena

La alianza explicó que su decisión busca presionar a Maduro y al Poder Electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre. Si no lo hacen, “que paguen el costo”, dijo el dirigente Andrés Velásquez, en rueda de prensa.

El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y las asambleas regionales vencía este miércoles.

Por ahora, sin embargo, el Tesoro estadounidense sigue sin

aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, como la prohibición a la importación de crudo.

Para el gobierno de Maduro, que enfrenta una prolongada recesión económica y una inflación que se prevé supere el 700 % este año, las sanciones al petróleo supondrían un grave quebradero de cabeza, ya que tendría enormes dificultades para compensar esta pérdida de ingresos.

El principal problema para Caracas, que produce unos 2 millones de barriles de petróleo diarios (bpd), es que el casi el 40% que va a EE. UU. es de lo poco rentable y que genera las necesarias divisas internacionales para financiar la “revolución bolivariana”.

Francisco Monaldi, profesor de Políticas de Energía de la Universidad Rice de Texas, sostuvo en una conferencia telefónica organizada por el centro de estudios Atlantic Council que las sanciones petroleras deberían ser “la herramienta de último recurso”, ya que son las que supondrían un impacto “más severo”.

A juicio del experto venezolano, la mayor preocupación ahora es que Venezuela se convierta en “un peón” que se vea forzado “en el tablero geopolítico” marcado por las tensiones entre EE. UU. y los socios europeos, por un lado; y China y Rusia, por otro.

Tanto Rusia como China, que respaldan a Maduro, reciben entre 500,000 y 650,000 barriles diarios a cargo de préstamos concedidos por Moscú y Pekín para aliviar la difícil situación de la economía venezolana.

Por último, también fue sancionado por el Tesoro, Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo en la Guardia Nacional Bolivariana, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.

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