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El Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han llegado a un acuerdo para mantener en secreto los términos de referencia que permitirán la creación del convenio de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, confirmó que “con Naciones Unidas acordamos no hacer públicos documentos sin acuerdo mutuo”.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó una carta el martes 27 de abril, en Consejo de Ministros, que contiene los términos de referencia que permitirán la llegada al país de una misión de expertos de la ONU.
Esta misión, junto con una contraparte del gobierno hondureño, elaborará la propuesta de convenio de la CICIH.
Según el memorando de entendimiento firmado por la ONU y el gobierno hondureño el 15 de diciembre de 2022, la misión de expertos propondrá reformas y nuevas leyes para garantizar el desempeño deseado de la CICIH.
Entre ellas se encuentra la derogación del decreto 116-2019, que limita la acción penal del Ministerio Público, la modificación de algunas regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
La misión de expertos también brindará apoyo y asistencia técnica en la formación y entrenamiento del personal encargado de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la corrupción público-privada, en colaboración con otras entidades del Sistema de Naciones Unidas.
Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serán objeto de investigación de la CICIH.
La ONU y el Gobierno trabajarán y negociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento de la CICIH.
Una vez acordado el convenio, los términos de cómo será y funcionará la CICIH serán firmados y enviados al Congreso Nacional para su aprobación o rechazo.
La instalación de la CICIH ha sido una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero algunos sectores de la sociedad civil y la oposición política han cuestionado la falta de voluntad del Legislativo para derogar y aprobar leyes que figuran en el memorando de entendimiento.
