Denuncian ante el Ministerio Público a 28 diputados del PN y otros exfuncionarios por apoyar la reelección de JOH

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La Acción Ciudadana contra la Dictadura presentó una denuncia ante el Ministerio Público este jueves, señalando a 28 diputados del Partido Nacional y a exfuncionarios por respaldar la polémica reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, que abarcó el periodo de 2018 a 2022.

La denuncia detalla alrededor de seis delitos imputados a los parlamentarios, que incluyen abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, conspiración para traicionar a la patria, traición a la patria y tráfico de influencias.

José Adán Tomé, abogado y miembro de los denunciantes, también asesor del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondeo, afirmó que la reelección está expresamente prohibida, lo que, según él, invalida la ciudadanía de los 28 diputados del Partido Nacional, dejándolos inhabilitados por 10 años. Además, Tomé acusó a estos parlamentarios de obstaculizar el trabajo legislativo y buscar negociar impunidad.

«Estos parlamentarios están boicoteando el trabajo del legislativo, quieren negociar impunidad, quieren meter la mano en el Ministerio Público para que no los persigan y hoy que se les va a perseguir para hacer justicia van a decir que es persecución política», afirmó Tomé.

El abogado también mencionó a cuatro generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, a quienes calificó de «corruptos y traidores a la patria». Francisco Isaías Álvarez Urbina, Rene Orlando Ponce Fonseca, Tito Livio Moreno Coello y Fredy Santiago Díaz Zelaya son los nombres señalados, y se espera que enfrenten cargos por traición a la patria, con una posible pena de hasta 15 años.

Tomé enfatizó que la acción no se trata de venganza ni persecución política, sino de justicia, haciendo hincapié en que la Constitución no puede ser violada impunemente.

Con un Ministerio Público comprometido a hacer justicia, según Tomé, se espera que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleve a cabo un proceso legal transparente para asegurar la rendición de cuentas y el respeto a las leyes del país.

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