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El Congreso Nacional de Honduras aprobó una extensión de 45 días del decreto ejecutivo PCM 52-2023, conocido como estado de excepción o suspensión de garantías constitucionales. Esta medida, que entrará en vigencia el 1 de enero y se extenderá hasta el jueves 15 de febrero, había sido previamente aprobada por el Consejo de Ministros, pero requería la ratificación del Congreso.
El estado de excepción se aplicará en 158 municipios del país, donde se busca contrarrestar la incidencia criminal asociada a estructuras criminales organizadas. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la efectividad de esta medida, argumentando que no ha logrado detener la ola criminal que afecta a Honduras.
