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Expertos señalan que el conflicto en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es principalmente de índole política, desvinculado de consideraciones jurídicas, en una situación que continúa generando tensiones dentro del ámbito judicial hondureño.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos y la socióloga Julieta Castellanos coinciden en que las raíces del problema radican en motivaciones políticas más que en cuestiones legales.
Barrientos argumenta que la duración de siete años del cargo en la Corte, junto con la composición de cinco magistrados en la Sala de lo Constitucional, crea una situación en la que dos de ellos deben repetir como coordinadores, lo que ha provocado tensiones en el proceso de nombramiento.
Según Barrientos, el propósito detrás de los cambios en la coordinación es limitar la reelección del magistrado Luis Padilla, generando así un desequilibrio político.
Además, señala que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal comparten la responsabilidad por permitir que la crisis persista.
Por otro lado, Castellanos sugiere que el partido Libre podría tener intereses en mantener el conflicto en la Sala Constitucional. Según ella, la retórica sobre quién controla la Sala no es más que una fachada para objetivos políticos más amplios.
«Todo esto parece ser orquestado deliberadamente», comenta Castellanos.
En medio de estas opiniones encontradas, la incertidumbre persiste en torno al futuro de la Sala Constitucional y su papel en el sistema judicial hondureño, mientras los actores políticos siguen disputando el control y la influencia en esta importante institución.
