Con 5 años de cárcel buscan castigar a quien intente introducir objetos prohibidos a centros penales

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El ministro de la presidencia de Honduras, Ebal Díaz, entregó al secretario del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, un proyecto de decreto, encaminado a reformar los artículos contemplados en la Ley de Sistema Penitenciario Nacional. 

En ese sentido, el proyecto de reforma de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, establecerá que los privados de libertad que intenten introducir objeto prohibidos podrían recibir penas hasta de cinco años. 

“Queremos fortalecer el sistema penitenciario de Honduras, para poder continuar salvando vidas afuera de las cáceles”, dijo Díaz.

Asimismo, agregó que “Agradecemos el espacio que el Congreso Nacional nos ha dado, esperamos que pronto contemos con este instrumento legal que permitirá reforzar el manejo y administración de todo el sistema carcelario del país”.

Con ese proyecto de decreto encaminado a reformar varios artículos de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, se tendrá un mejor manejo de los reos de alta peligrosidad que anteriormente habían operado impunemente en las cáceles, según el representante del Poder Ejecutivo. 

Proyecto de decreto contempla temas importantes entre ellos:

1.            Creación de una Academia Nacional Penitenciaria, para controlar los procesos de formación del personal de la carrera penitenciaria. 

2.            El personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad será seleccionado mediante un concurso. 

3.            Para ingresar a la carrera del Sistema Penitenciario Nacional se deberán aprobar las pruebas de confianza. 

4.            Cada establecimiento penitenciario deberá llevar en el expediente individual las faltas y sanciones del privado de libertad dentro del recinto. 

5.            Los traslados de un establecimiento penitenciario a otro, deberán ser comunicados ante un juez de ejecución con 24 horas de antelación. 

6.            Privados de libertad que traten de introducir objetos prohibidos serán castigados con penas de prisión de tres a cinco años. 

7.            Las personas privadas de libertad calificadas de alta peligrosidad sólo se beneficiarán de regímenes especiales de preliberación o libertad condicional. 

8.            Todo el personal que labora en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), deberá someterse a pruebas de confianza y evaluación. 

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