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La operación de tres redes dedicadas a la promoción y ejecución de acciones delictivas en la Secretaría de Salud, ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Directivos de dicho organismo, revelaron que en tales capítulos de corrupción están involucradas más de 200 personas, entre funcionarios actuales y servidores públicos de gestiones anteriores.
Entre estos personajes figura un diputado de la presente legislatura, manifestaron la directora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos y el jefe de la Unidad de Investigación, Odir Fernández.
La documentación presentada ante el Ministerio Público pone al descubierto el contubernio de asociaciones mercantiles que se reflejan en un perjuicio económico de 44 millones de lempiras en el período entre 2011 y 2016.
Las irregularidades en el sector salud han sido una constante. En 2015, por ejemplo, el Gobierno debió intervenir las farmacias de los hospitales del sector público y el Almacén Central de Medicamentos, en un esfuerzo por cerrarle las puertas a las mafias que operan en el sector.
El Ministerio Público, de su parte, emprendió acciones penales contra involucrados en compras sobrevaloradas a empresas proveedoras, incluidas seis que pertenecían a familiares de funcionarios de Salud en aquel entonces.
En 2014 levantó escándalo un informe en el que se detallaba que la cartera ministerial en cuestión mantenía con los proveedores una deuda que ascendía a 1,500 millones de lempiras.
Para esa fecha, se calculaba que la Secretaría de Salud tenía acumulado un déficit acumulado en ocho años de casi tres mil millones de lempiras, una situación que llevó a plantear a la Comisión Legislativa de Presupuesto una iniciativa que advertía que no sería honrado ningún compromiso, mientras no se contara con el sustento exigido.
En 2013, el Tribunal Superior de Cuentas rindió un informe basado en investigaciones sobre la gestión de 6,600 millones de lempiras en el período 2002-2009.
El organismo contralor notificó 66 pliegos de responsabilidad civil por 257 millones de lempiras y cinco expedientes de alcance administrativo con 165 recomendaciones para adecentar la gestión.
Es la historia fresca de las “patologías” del aparato sanitario que siempre ha estado atrapado en la injerencia política, en los abusos de toda naturaleza y en la corrupción.