C-Libre señala que el gobierno está midiendo cómo reacciona la sociedad ante los actos ilegales
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El representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso, considera que el gobierno está midiendo la reacción del pueblo hondureño ante los actos ilegales y advirtió que si la sociedad hondureña no se manifiesta instalarán la Constituyente.
Bueso, agregó además que “vea que de repente, como decía bromeando la directora del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos), va a salir impreso de una sola vez en La Gaceta sin necesidad de discutirla”.
Refirió que lo sucedido con la publicación en el diario oficial La Gaceta de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF), en el momento que una Junta Proponente evalúa a los candidatos a dirigir el Ministerio Público “es una medición de fuerzas”.
El representante de C-Libre dijo que aunque en el proceso de elección, no represente a ningún partido, “no podemos negar que al estar en el poder si van a representar al partido que ellos militan”.
Por eso, lo ideal es que cuando alguien llega a un cargo de esa naturaleza no se quite la camisa partidaria, pero eso no sucede.
“Aquí se están midiendo fuerzas, lo que más me preocupa es la medición que está haciendo el gobierno y dicho con nombre y apellido, Mel Zelaya. Es decir, de alguna manera desde el gobierno se está midiendo cómo reacciona la sociedad hondureña frente a muchas ilegalidades que ayer eran malas y hoy son buenas”, señaló.
Por eso, reiteró, el CAF es una prueba, “es un termómetro que está utilizando el gobierno para establecer que tiene la sociedad civil de responder o no a una arbitrariedad”.
Para Bueso, está bien claro que independientemente de que alegan que no se aprobó el acta, tampoco se mandó la ley en los 3 días que manda el artículo constitucional -el 245- “ahí hay una ilegalidad”.
Otro acto que Bueso considera ilegal es la elección de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional.
A criterio de Bueso, “el juicio político debió hacerse al señor Redondo desde el momento que ocupa la presidencia del Legislativo de manera ilegal”, esto porque “nadie, en ningún país de ninguna asamblea, vota el suplente y vota el propietario”, como ocurrió en Honduras.
